El Congreso echa un pulso a Rajoy

Es el pulso institucional entre un Gobierno que se niega a comparecer y un Congreso que no admite que le limiten sus funciones. El conflicto se venía alimentando desde hace semanas en declaraciones cruzadas, pero este martes estalló con la decisión de la Mesa de tramitar la sesión de control al Ejecutivo dentro del pleno que se convocará para la última semana de marzo. 

No fue una sorpresa para el PP. El presidente de la Cámara, Patxi López, había enviado el lunes una carta a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la que instaba a su gabinete a aceptar que debe ser examinado por los partidos aunque esté en funciones. Moncloa no comparte ese criterio, ha anunciado que su respuesta será negativa, y que no se someterá al control de los grupos parlamentarios porque no existen precedentes similares en las diez anteriores legislaturas. 

Aún así, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que son los impulsores de esta demanda al Ejecutivo, mantienen las esperanzas de que Mariano Rajoy dé su brazo a torcer y rectifique antes de quedar arrinconado ante la opinión pública como un mandatario que se niega a ofrecer explicaciones. En caso contrario, advierten, llevarán el conflicto al Tribunal Constitucional (TC).

Más allá de las declaraciones, la primera constatación de la actitud del Gobierno se evidenciará este jueves. La comisión de Defensa se reúne y se ha pedido la comparecencia del ministro. Si Pedro Morenés no va a la cita el Parlamento entenderá que Rajoy sigue en sus trece y se niega a ser controlado. La negativa del PP además, será especialmente visible porque implicará que Rajoy no comparezca ante el Congreso con urgencia, antes de la cumbre europea por la crisis de los refugiados, este jueves y viernes. 

“Es insólito que el Gobierno se vaya a declarar en rebeldía respecto a la potestad de control”, señaló el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, que advirtió que si Rajoy no reconsidera su decisión acudirían al TC para que resolviese el “conflicto constitucional de atribuciones”. Se ampara en el artículo 76 de la ley orgánica del alto tribunal. Según Hernando el proceso judicial puede iniciarse de inmediato, en cuanto sea firme la respuesta negativa del Gobierno, una actitud 

Podemos apoya también esta vía, pero cree que el problema debe ser solucionado desde la política, en parte porque en los plazos en los que previsiblemente el TC resolvería la situación ya no existiría -o habría nuevo presidente o elecciones convocadas-. “Que nos diga el Gobierno por qué se abraza a triquiñuelas procedimentales para negarse a comparecer”, señaló el portavoz ‘morado’, Íñigo Errejón.