Oferta de acuerdo del PSOE a En Comú Podem: texto íntegro del documento

Xavier Domènech (derecha), flanqueado por Irene Montero, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, durante una reunión con el equipo negociador del PSOE.

Xavier Domènech (derecha), flanqueado por Irene Montero, Íñigo Errejón y Joan Baldoví, durante una reunión con el equipo negociador del PSOE. / Kiko Huesca (EFE)

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EL PERIÓDICO / BARCELONA

El pasado 20 de diciembre, en las elecciones generales, la ciudadanía habló. Y expresó con claridad cuál era su voluntad. Quiso que hubiera un Parlamento fuertemente plural y sin mayorías para formar gobierno, y la ciudadanía apostó claramente por acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas para conseguirlo. 

Ese día la ciudadanía pidió a sus representantes que dialogaran para gobernar este país, hartos de los cuatro años pasados. Cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular en los que el Gobierno, que había obtenido el mayor apoyo en número de votos, consideró equivocadamente que podía gobernar a su antojo sin dialogar ni atender, no sólo al resto de fuerzas políticas, sino a los propios ciudadanos y, en muchas ocasiones, a las demás instituciones del Estado.

Los resultados electorales también demostraron que la ciudadanía quería un cambio de gobierno y un cambio de políticas. Porque con las que hemos tenido en la pasada legislatura se han debilitado, cuando no suprimido, derechos básicos, se han revertido conquistas sociales, se ha incrementado la desigualdad y la pobreza, se han deteriorado las condiciones de vida de trabajadores y autónomos y se ha recortado el gasto público, precisamente en la parte destinada a asegurar la igualdad de oportunidades y atender a las situaciones de necesidad de las personas más vulnerables.

No es extraño, por tanto, que haya aumentado como nunca la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y en sus representantes, a los que veían cada día más alejados de sus problemas. Una desconfianza que se convertía en indignación a la vista de inaceptables episodios de corrupción. 

Los partidos que representaban el cambio respecto del Gobierno anterior obtuvieron una representación parlamentaria capaz de construir una mayoría distinta mediante ese diálogo que los ciudadanos nos reclaman. 

El PSOE, una vez producida la renuncia de Rajoy a asumir su responsabilidad, se puso al frente para responder a esta doble voluntad popular mayoritariamente expresada en las urnas. Cambiar las políticas y cambiar las actitudes de los políticos.

Por eso, desde que nuestro Secretario General, Pedro Sánchez, recibió el 2 de febrero el encargo de intentar la investidura como Presidente, hemos hablado con todas las formaciones políticas que aceptaron trabajar para hacer posible un Gobierno progresista y reformista dentro del marco constitucional.

Desde el día siguiente a recibir el encargo, nuestro candidato inició una serie de encuentros con los líderes de esas formaciones. Entre los días 3 y 6 de febrero se reunió con los dirigentes de Coalición Canaria, Nueva Canarias, Izquierda Unida-Unidad Popular, Compromís, EAJ-PNV, Ciudadanos y Podemos. También mantuvo reuniones con los interlocutores sociales y representantes de sectores estratégicos.

Y el lunes 8 de febrero hizo público y remitió a los grupos parlamentarios un Programa para un Gobierno progresista y reformista, que ha servido de base para dialogar con los diferentes equipos negociadores designados por sus formaciones en numerosas jornadas, en las que, desde un principio, se constató que no existían obstáculos insuperables para llegar a acuerdos con todas ellas. Ha sido, por lo tanto, casi un mes intenso de negociaciones con otros partidos a los que agradecemos también su disposición, su capacidad de diálogo y su trabajo.

Hasta ahora, el fruto de este proceso ha sido el Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso firmado por el PSOE con Ciudadanos. Un Acuerdo que contempla la recuperación de derechos debilitados y suprimidos por el Gobierno de Rajoy y la consolidación del Estado de Bienestar. Un Acuerdo que, precisamente por serlo, no recoge todas las propuestas del programa electoral del PSOE. Pero que tampoco impide a este partido seguir negociando para conseguir la mayoría parlamentaria que haga posible un nuevo Gobierno. Los firmantes somos conscientes de que, para que dé lugar a un Gobierno de cambio, tiene que ser complementado con otros en los que participen los demás partidos progresistas y de izquierda, y el Acuerdo firmado está

concebido para que esto sea posible. Y el PSOE y Pedro Sánchez comprometidos para lograrlo.

Estamos, por tanto, ante una oportunidad única. Una oportunidad para restablecer los derechos y libertades quebrantados por las decisiones políticas del gobierno anterior. Para restaurar el modelo de convivencia de una sociedad diversa y unida en un proyecto común de progreso. Para hacer más participativo y democrático nuestro sistema político, económico y social, cultural. Para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas que la representan. Para generar nuevas oportunidades de futuro sin que nadie quede excluido. Para que sea prioritaria la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. 

Tenemos una oportunidad y no podemos desaprovecharla. Por eso, el PSOE ofrece una vez más una propuesta a las demás formaciones políticas progresistas y de izquierda para que el cambio sea posible. Para que a partir del día 5, entre todos, hagamos posible decretar el fin de los recortes sociales y la recuperación del Estado de Bienestar. Para resolver la situación de la ciudadanía con problemas de carencias materiales severas, reducir las desigualdades, crear empleo digno y con derechos, e impulsar medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia en las instituciones.

Para instaurar un Ingreso Mínimo Vital para las más de 700.000 familias que carecen de todo ingreso económico.

Para combatir los desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad y aprobar una Ley contra la pobreza energética.

Para devolver la tarjeta sanitaria a todos aquellos que la perdieron como consecuencia de las leyes del PP.

Para suprimir los copagos impuestos en la pasada legislatura que suponen una barrera de acceso a los tratamientos médicos y a las prestaciones de dependencia.

Para derogar la LOMCE, detener su implantación y aprobar una nueva ley educativa consensuada con la comunidad educativa. 

Para recuperar las becas como derechos reconocidos en función del cumplimiento de requisitos económicos y no de disponibilidades presupuestarias coyunturales.

Para universalizar la oferta pública de Escuelas Infantiles, extendiendo progresivamente la red de centros.

Para garantizar, mediante la reforma constitucional, que la estabilidad social prevista en el artículo 135 de la Constitución justifique el establecimiento de un suelo social presupuestario.

Para recuperar los principios que inspiraron y los derechos previstos en la Ley de Dependencia.

Para incrementar de forma progresiva las pensiones no contributivas en aras a su confluencia con el salario mínimo interprofesional.

Para impulsar un Plan de choque por el Empleo y la inserción laboral, que contemple medidas específicas para los parados mayores de 45 años, el desempleo juvenil y el de larga duración.

Para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere los derechos laborales.

Para establecer un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social para los autónomos, en función de sus ingresos reales.

Para elaborar una nueva ley de segunda oportunidad que permita acogerse a los autónomos y a quienes se encuentren en situación de insolvencia.

Para llevar a cabo una auditoría sobre los costes de la tarifa eléctrica.

Para el cierre de las centrales nucleares según vayan cumpliendo los 40 años de vida útil.

Para que la política industrial garantice la defensa de sectores estratégicos, fundamentales en la generación de empleo directo e indirecto.

Para promover el desarrollo del medio rural en un marco estable y viable, con programas específicos de fomento de actividades económicas sostenibles y creación de empleo.

Para atender de forma específica a los sectores que son fundamentales en el conjunto del Estado o en determinados territorios por su contribución a la economía y a la sostenibilidad medioambiental.

Para recuperar la protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas y revisar las decisiones adoptadas por el Gobierno del Partido Popular.

Para impulsar medidas de apoyo a nuestra flota pesquera y específicamente al segmento más frágil, pero de gran calado social, como es la flota artesanal.

Para impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB.

Para recuperar todo el talento que ha salido de España en los últimos años en forma de emigración a otros países.

Para que, mediante la reforma de la financiación autonómica y local, las Administraciones Públicas que prestan servicios públicos esenciales, como la Sanidad, la Educación y servicios sociales tengan suficiencia financiera.

Para solucionar los problemas financieros específicos de algunas Comunidades Autónomas como consecuencia de la infrafinanciación que reciben del sistema.

Para que se cumplan los compromisos presupuestarios del Estado con las demás Administraciones territoriales. 

Para que los Ayuntamientos puedan seguir prestando servicios sociales a sus vecinos derogando la última Reforma del Régimen Local.

Para garantizar mediante nuevas medidas legales la igualdad salarial entre mujeres y hombres y la igualdad en el empleo, en su acceso y permanencia, en su formación y promoción.

Para construir una sociedad libre de violencia de género mediante un gran Pacto Social, Institucional y Político.

Para suprimir la prisión permanente revisable y derogar el artículo 315.3 del Código Penal en lo que se refiere al ejercicio del derecho de huelga.

Para aprobar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia.

Para reformar el sistema electoral, desbloqueando las listas, eliminado el voto rogado e incrementar su proporcionalidad.

Para facilitar la iniciativa legislativa popular y aprobar una ley de participación ciudadana.

Para aprobar el mayor paquete de medidas presentado nunca a favor de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Hoy ofrecemos a las demás fuerzas progresistas y de izquierdas un conjunto de propuestas programáticas que hagan posible la investidura de un Presidente del Gobierno progresista y de izquierdas. Consideramos que muchas de las propuestas pueden ser compartidas por todas estas formaciones políticas. Y también ofrecen respuesta a las preocupaciones que han venido planteando cada una de ellas en las conversaciones mantenidas, así como en sus documentos, iniciativas y programas.

Todo ello es posible. Porque estas medidas son compatibles con los Acuerdos firmados por el PSOE. Porque, precisamente gracias a estos Acuerdos, hay posibilidad de construir una amplia mayoría parlamentaria para hacerlo posible. Pero nada de esto será posible si el 5 de marzo no hay un Gobierno socialista.

Y no podemos decirles a los ciudadanos y ciudadanas de este país que nada de esto va a hacerse y que va a continuar, aun en funciones, el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy.

La ciudadanía, mediante su voto, apostó por un Gobierno reformista y de progreso en las últimas elecciones. No podemos decirles que no.

I. AGENDA DE EMERGENCIA SOCIAL

1. INGRESO MÍNIMO VITAL

• Creación de un Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva de la Seguridad Social para familias que carecen de todo ingreso económico.

• Incremento de la cuantía de la prestación por hijo a cargo y extensión de su duración con objeto de combatir de forma eficaz la pobreza infantil.

2. SOLUCIÓN INMEDIATA A LOS PROBLEMAS DE CARENCIA MATERIAL SEVERA

• Dotación de recursos suficientes al Plan Integral de Inclusión Social.

• Elaboración de una estrategia para la inclusión de personas sin hogar, con atención específica a los jóvenes extutelados.

• Aprobación de una Ley de protección de los consumidores vulnerables contra la pobreza energética. Se trata de paliar los efectos más graves de la crisis especialmente en aquellas familias que carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose en las que haya menores y personas con discapacidad.

• Garantizar el suministro de agua, de forma que ningún hogar pueda ser privado del suministro básico para cubrir los usos vitales de una familia.

• Reconocimiento del derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.

• Reforma de la Ley de Segunda Oportunidad para eliminar el periodo de 5 años en el que las deudas exoneradas puedan volver a ser reclamadas y proteger a los colectivos especialmente vulnerables frente a las ejecuciones hipotecarias en caso de insolvencia sobrevenida no dolosa, permitiendo a los jueces paralizar los desahucios en estos casos.

• Reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.

• Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas.

• Puesta en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.

3. SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

• El nuevo Gobierno aprobará en 2016 una subida del SMI de al menos el 1% con el fin de ir recuperando su pérdida de poder adquisitivo.

4. MEDIDAS URGENTES A FAVOR DE LOS AUTÓNOMOS

• El nuevo gobierno constituirá de forma inmediata un Grupo de Trabajo de expertos que, en el marco de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, presentará una propuesta de reforma con el objetivo, entre otros, de establecer un nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo.

• Hasta que entre en vigor esta reforma del Régimen especial de trabajadores autónomos, se introducirá una cotización reducida de 45 euros, que se aplicará a todos los autónomos cuyos ingresos reales no superen el SMI.

5. MERCADO LABORAL

• Recuperar con carácter urgente la fortaleza de la negociación colectiva, garantizar los derechos de los trabajadores y promover la contratación estable combatiendo de manera eficaz la precariedad en el empleo.

• Aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernice el marco de relaciones laborales y recupere su naturaleza de carta de garantía de los derechos laborales, tras un proceso de diálogo abierto y de negociación entre los interlocutores sociales.

• Aumentar de forma sostenida durante la próxima legislatura los presupuestos para políticas activas de empleo.

• Adoptar de manera inmediata un Plan de choque por el empleo y la inserción laboral con el objetivo de acelerar la creación de empleo e incorporar al mercado de trabajo a los grupos más afectados por el desempleo: jóvenes, mujeres y parados de larga duración.

6. RECONSTRUIR Y MODERNIZAR EL ESTADO DE BIENESTAR

• Restablecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional de Salud.

• Garantizar que el copago farmacéutico no sea una barrera de acceso, eliminando los que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de tratamientos, en especial para los personas de rentas más bajas.

• Recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación. Derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura.

• Derogar la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local para asegurar la autonomía local y la prestación de servicios por las Entidades Locales y garantizar un sistema de financiación estable.

7. TRANSICION ENERGETICA, CAMBIO CLIMATICO Y MEDIO AMBIENTE.

• Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización,

• Establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica (fracking) y restringir las autorizaciones de nuevas exploraciones de gas e hidrocarburos.

• Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil.

• Reformar el Real Decreto 900/2015, que regula el denominado "impuesto al sol", y aprobar en su lugar un marco regulatorio estable para el autoconsumo eléctrico y la generación a pequeña escala, en la modalidad de balance neto.

• Acometer una reforma del mercado eléctrico, incluida una auditoria sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico. En particular, se estudiarán las medias que pueden adoptarse para resolver el diferencial del coste de la energía eléctrica que está penalizando la capacidad competitiva del sector industrial catalán.

• Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental, dedicado a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

• Recuperar la prohibición absoluta de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas.

• Recuperación y desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de 2007.

• Recuperar la protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987.

II. EDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

• Constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de una nueva ley con la máxima participación y consenso, y paralizar con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE.

• Configurar la beca como derecho subjetivo que garantice su reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones establecidas para obtenerla, de modo que el crédito correspondiente en los PGE tenga la condición de ampliable.

III. REFORMAS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

1. PACTO SOCIAL, INSTITUCIONAL Y POLÍTICO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Con el objetivo de construir una sociedad libre de violencia de género impulsaremos un gran pacto para al menos:

• Incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y a la asistencia social de las víctimas.

• Garantizar la educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas del proceso educativo.

• Asegurar, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, el Acompañamiento Judicial Personalizado.

• Establecer protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género, así como en los casos que no exista denuncia y se haya detectado riesgo por los servicios públicos.

• Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

• Adoptar iniciativas destinadas a prevenir y erradicar toda forma de violencia familiar.

2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Medidas de prevención:

• Introducir nuevas exigencias en el régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses.

• Revisar los deberes y obligaciones de los funcionarios y cargos públicos endureciendo las incompatibilidades, exigiendo a los miembros del Gobierno y Altos cargos de la Administración del Estado la presentación, en el momento del nombramiento y del cese, de una certificación de Hacienda sobre su situación patrimonial y sobre el estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social;

• Revisar las normas de Contratación pública, sancionando el fraccionamiento de contratos y estableciendo el carácter público de las sesiones de las Mesas de Contratación en licitaciones superiores a 300.000 euros.

• Revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 euros y la identidad de sus autores.

• Establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido o cuyo mantenimiento haya sido logrado por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción.

• Regular el acceso al ejercicio de representación de intereses e influencia en la política (Lobby), para evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias.

Medidas de represión:

• Revisar los actuales delitos contra la Administración Pública (prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas).

• Tipificar el delito de enriquecimiento injusto (o ilícito) que castigue el incremento patrimonial de autoridades y funcionarios públicos, producido durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa de este incremento.

• Revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión y tipificar la manipulación de cuentas anuales de los partidos políticos.

• Regular la protección de quien denuncia prácticas corruptas e ilegales tanto en la Administración Pública como en el sector privado, a fin de proteger a la ciudadanía que denuncie este tipo de delitos de cualquier clase de represalias.

• Con carácter inmediato derogar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a la limitación de los plazos de instrucción para impedir el sobreseimiento y la consecuente impunidad de los corruptos.

• Limitar y condicionar las sentencias de conformidad a la existencia de una cooperación activa y aportación de pruebas determinantes para el esclarecimiento del caso o descubrimiento de otros, así como el obligado pago de la responsabilidad civil derivada del delito.

• Prohibir la concesión de indulto en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género. Incorporar la necesidad de su motivación y acentuar la información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos.

• Revisar las normas reguladoras del comiso para asegurar que la persona condenada por un caso de corrupción responda con bienes patrimoniales presentes y futuros.

IV. PROPUESTAS ESPECÍFICAMENTE COMPARTIDAS

1. POLÍTICA PRESUPUESTARIA

• Revisión inmediata del modelo de financiación autonómica, corrigiendo los déficits de financiación y garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas.

• Proponer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera una revisión de los objetivos de déficit de las Comunidades Autónomas que tenga en cuenta el esfuerzo realizado por éstas en los últimos años en la reducción del déficit

• Cumplimiento de los compromisos presupuestarios del Estado recogidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

2. EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

• Duplicar la dotación presupuestaria para políticas activas de empleo, claramente insuficiente en comparación con otros países europeos con menores problemas de paro y exclusión, y con poblaciones activas con menores deficiencias en las competencias básicas para el empleo.

• Potenciar los Centros especiales de Empleo y recuperar la financiación pública recortada durante la última legislatura.

• Ratificar el Convenio número 189 de la OIT y la Recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras o trabajadores domésticos.

• Poner en marcha de forma urgente un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la SAREB y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.

3. EDUCACIÓN Y CULTURA

• Promover, en el marco del proceso de elaboración de la nueva Ley de Educación, la prohibición de la segregación por sexos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos.

• Aprobar una Ley que defienda y promueva en toda España todas las lenguas como patrimonio cultural que nos identifica.

• Promover la difusión de las lenguas cooficiales a través del Instituto Cervantes, en cooperación con los organismos dependientes de las CCAA, incrementando significativamente la oferta de cursos en estas lenguas.

• Desarrollar la inversión adecuada y necesaria para los equipamientos culturales catalanes.

• Reducir el IVA cultural al 10%, promover el mantenimiento del IVA de libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico.

• Garantizar la transparencia y equidad en la adjudicación del 1% cultural.

4. MODIFICACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

• Imponer obligaciones específicas de transparencia a las entidades que participan en la prestación de servicios públicos, en especial en los de educación, sanidad y servicios sociales.

• Incluir entre los extremos a publicitar de los contratos públicos las cesiones del contrato y las subcontrataciones, así como los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, incluidas las recalificaciones y las modificaciones de los planes urbanísticos.

• Igualmente las Administraciones Públicas publicarán la información relativa a las campañas de publicidad o comunicación institucional que hayan promovido o contratado, el importe de las mismas, los contratos celebrados así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias.

• Hacer del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno un órgano realmente independiente, cuyo presidente deba ser ratificado por mayoría cualificada del Congreso y cuyos miembros sean, fundamentalmente,representantes de la sociedad civil.

• Como complemento a la ampliación de la Ley de Transparencia, debe sustituirse la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, y aprobar una normativa sobre la materia que encomiende la declaración de secreto exclusivamente al Gobierno, defina con precisión los asuntosprotegidos por ella, establezca un plazo máximo para el mantenimiento de la calificación de secreto y prevea sanciones contra la violación de la misma.

5. OTRAS PROPUESTAS COMPARTIDAS

• Aprobar una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia y revisar los Acuerdos vigentes con la Santa Sede. Supresión de la exención injustificada de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Noticias relacionadas

• Derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con el fin de asegurar la autonomía local, la prestación de servicios y el respeto competencial a las previsión del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

• Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas.