Los juristas del Parlament cuestionan la ponencia sobre las leyes de ruptura

Los servicios jurídicos del Parlament consideran que la fórmula elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar mediante una <strong>ponencia conjunta</strong> las tres <strong>leyes de desconexión</strong> no se ajusta al reglamento. En respuesta a la solicitud efectuada la semana pasada por la Mesa de la Cámara, los letrados han emitido este martes un informe en el que sostienen que el mecanismo escogido por los partidos soberanistas no cuenta con el apoyo suficiente de los grupos parlamentarios y que aplicarlo implicaría vulnerar derechos de los diputados.

El dictamen no es vinculante, por lo que los impulsores de la ponencia conjunta podrían desoír la recomendación y seguir adelante con su plan para alumbrar las leyes de hacienda propia, protección social y transitoriedad jurídica. El portavoz parlamentario de la CUP, Albert Botran, así lo ha dado a entender este martes. Los anticapitalistas opinan que su fórmula sigue siendo una “vía válida” y aseguran que Junts pel Sí dan la razón. Roger Torrent, diputado de la coalición que integran principalmente CDC y ERC, les ha secundado, aunque ha incluido un matiz. “Seguimos pensando que la ponencia de ley es la mejor opción para abordar el debate”, ha argumentado. Sin embargo, ha agregado que analizarán las propuestas alternativas que plantean los letrados de la Cámara.

Los servicios jurídicos aducen que si una ponencia conjunta no cuenta con "el consenso de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo, de su mayoría", la iniciativa "pierde el sentido para el que está prevista (ser plataforma de trabajo conjunto de los grupos)" y su creación puede provocar que "los grupos parlamentarios que se han opuesto tengan que asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus legítimos intereses políticos, obligación que el reglamento no les impone". Los letrados sugieren a Junts pel Sí y la CUP que sigan el "procedimiento ordinario" para tramitar estas leyes.

CALENDARIO EN JUEGO

Una alternativa sería impulsarlo a través de una comisión. Otra, mediante una proposición de ley. Dos sistemas que podrían implicar que la tramitación se demorara más de lo que pretenden los soberanistas, que quieren celebrar elecciones constituyentes en 17 meses con esas leyes ya preparadas.

La oposición no se ha andado con rodeos. Ciutadans y el PPC han avisado de que presentarán un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional si Junts pel Sí y la CUP prosiguen con la ponencia conjunta; el PSC ha lamentado que los dos partidos independentistas pretenden “marear la perdiz y hacer un uso partidista del Parlament”, y Catalunya Sí que es Pot les ha afeado que “tomen el pelo” a los catalanes con un “placebo”.

Como respuesta, Torrent ha acusado a sus rivales de entrar en un debate jurídico y no político. El mismo argumento empleado en otras ocasiones. También sobre la consulta del 9-N. En relación a la investigación judicial abierta en torno a la organización de ese proceso participativo, la <strong>Generalitat</strong> ha negado ante el juez que usara bases de datos personales, informa J. G. Albalat. Además, Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega, y  la exconsellera d'Educació, Irenne Rigau, han decidido no presentar alegaciones a la petición del juez del TSJC sobre la solicitud de la fiscalía de remitir una parte de la causa al Tribunal Supremo para que se investigue al 'exconseller' de Presidència Francesc Homs.