LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN
Ballesteros acusa a la CUP de "persecución política" por el 'caso Inipro'
El alcalde de Tarragona reitera ante el juez que pagó facturas irregulares para no delinquir
Ballesteros / JOAN REVILLAS
Por qué confiar en El Periódico Después de tres horas de declaración ante el juez, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha acusado a la CUP de "persecución política" por el 'caso Inipro', en el que está imputado por los delitos de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicas.
El comité de empresa del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) denunció en el 2012 la contratación presuntamente irregular de la empresa Inipro para fomentar la integración de los inmigrantes y la actual portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada, llevó el caso a los juzgados.
El IMSS contrató a Inipro en el 2010 por procedimiento negociado, que consiste en invitar a tres empresas a concursar. El gerente, Antonio Muñoz, que dimitió por el escándalo, invitó a Inipro, Itinere y Gallets. Las dos primeras son del mismo grupo y la tercera es una gestoría vinculada a ellas que se retiró alegando exceso de trabajo. El contrato se adjudicó por 64.000 euros, pero luego se prorrogó sin justificación e Inipro facturó 215.000 euros más, que cobró gracias a siete decretos firmados por el alcalde, pese a las advertencias de que el contrato no podía prolongarse.
INFORME FAVORABLE
"Hoy ha quedado acreditado clarísimamente que el servicio era necesario; no solamente porque había demanda social, sino porque hay un informe de técnicos del IMSS que lo dice", ha asegurado Ballesteros con actitud muy tranquila. También ha señalado que "los decretos no son ninguna medida excepcional porque hay jurisprudencia del Tribunal Supremo conforme la Administración es lenta y hay que pagar las facturas".
El alcalde ha reiterado ante el juez en su tesis de que si ordenó pagar más de 215.000 euros en facturas irregulares fue porque temía hacer caer al consistorio en un delito de enriquecimiento injusto. Y ha criticado que el objetivo de la CUP sea colocarle "en el disparadero" a sabiendas de que su responsabilidad "solo era firmar esos decretos", por lo que, ha lamentado "que se haga política desde las actuaciones policiales".
DECLARACIÓN EVASIVA
El abogado de la acusación popular, Carles Perdiguero, ha reprochado al alcalde que "no le ha citado la CUP, sino un juez", y que en una declaración "llena de evasivas", no ha justificado "por qué se pagan las facturas hasta siete ocasiones". También ha recordado que la formación anticapitalista denunció el caso antes de tener representación municipal y ha tachado de "cínico" al alcalde.
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