INVESTIGACIÓN DE UN PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN
El alcalde de Tarragona dice que es objeto de una "persecución política" por parte de la CUP
Ballesteros defiende ante el juez la legalidad de los contratos que el ayuntamiento firmó con la empresa Inipro
Ballesteros / JOAN REVILLAS
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha asegurado este martes que se siente víctima de una persecución política de la CUP, el partido que presentó al denuncia por el 'caso Inipro', por el que ha tenido que declarar hoy en calidad de imputado ante un juez de instrucción: "Hay un objetivo político por parte de la CUP que es ponerme a mí en el disparador cuando saben que mi responsabilidad es firmar esos decretos", ha valorado.
Durante su declaración ante el juez, Ballesteros ha defendido que los contratos que el ayuntamiento firmó con la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes "estaban dentro de la legalidad" y que él obró correctamente.
En declaraciones a los medios a la puerta del Palau de Justícia de Tarragona, y tras pasar cerca de tres horas ante el juez, el alcalde ha dicho que estos contratos no solamente eran legales, sino también "necesarios". "Hoy ha quedado acreditado clarísimamente que el servicio era necesario; no solamente porque había demanda social, sino porque hay un informe de técnicos del instituto --el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSS)-- que lo dice", ha considerado Ballesteros, que ha sido el primero de los 11 investigados en declarar; el resto lo harán en las próximas semanas.
DOCTRINA DEL SUPREMO
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, le había llamado a declarar al no entender por qué "no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de ilegalidad", según recogió en el auto de citación.
El contrato con esta empresa tendría que haber finalizado el 31 de diciembre del 2010, según figuraba en el propio contrato, pese a lo que la relación entre Inipro y el ayuntamiento continuó hasta el 2012 y se le pagaron las facturas. Pero Ballesteros ha defendido que, la doctrina del Tribunal Supremo (TS) le avala a que, como la administración es lenta a la hora de licitar y contratar, se pueda seguir prestando estos servicios y pagarlos: "Si no lo hiciera incurriría en un delito de enriquecimiento ilícito de la administración. Por tanto no tenía más remedio que firmarlo".
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