El 'conseller' Felip Puig declarará por el espionaje de correos electrónicos

El 'conseller' d’Empresa, Felip Puig, deberá prestar declaración por escrito a raíz de la denuncia presentada por un trabajador del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat), dependiente  de la Generalitat, ante la sospecha de que le espiaron su correo electrónico. El juez de Barcelona que investiga el asunto archivó el 13 de agosto del 2013 el proceso, pero la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona lo ha reabierto para que se practique una serie de diligencias, entre ellas la declaración de Puig, que debe aclarar algunos conceptos. En esta causa figura como imputado exdirector del Cesicat, Carles Flamerich, defendido por el despacho del abogado Daniel Vosseler, y un técnico de este organismo.

La Audiencia de Barcelona considera, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que es “procedente” para intentar clarificar “definitivamente” si los correos remitidos por el denunciantes fueron a parar a terceras persona la declaración testifical de Xavier Gatius, actual director del Cesicat, la aportación a la causa de determinados e-mails y una aclaraciones solicitadas al conseller Felip Puig, que ya declaró en su día por este asunto. El juez también deberá interrogar, “si aún no lo hubiera hecho, como resulta legalmente obligado“, a Albert G. O., el denunciante.

LOS EMAILS

El presunto espionaje de los correos se descubrió cuando A. G. O. envió e-mails al 'conseller' Puig y al entonces titular del departamento de Interior, Ramón Espadaler, en los que el extrabajador del Cesicat detallaba supuestas irregularidades en este organismo. Según la versión de A. G. O., la respuesta le llegó por parte de Flamerich desde los Estados Unidos. Fue entonces, cuando presentó la denuncia.

En agosto del 2013, el juez que investiga el caso acordó el sobreseimiento de la causa al entender que la conducta al parecer llevada a cabo por los imputados, entre ellos Flamerich, no es dolosa, en cuanto no existen indicios de que se “pretendiera descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del denunciante interceptando sus comunicaciones”. Los imputados y los testigos explicaron en el juzgado existían problemas de seguridad en los correos remitidos por A. G. O y se activó un protocolo interno para su control. La Audiencia de Barcelona considera ahora que debe agotarse la investigación para aclarar lo sucedido.

Durante la investigación ya han declarado varias personas, entre ellos, pero por escrito, el 'conseller' Puig, que ahora deberá hacerlo de nuevo para aclarar determinados extremos y Espadaler. La fiscalía sostiene que el desvío de los correos de A. G. O. hacia las direcciones de los imputados estaba “autorizado” por los legítimos receptores (los 'consellers')” y que de ellos “debía tener conocimiento el denunciante que los enviaba por sus propios conocimientos técnicos”. Por lo tanto, en su día no creyó necesaria las práctica de las nuevas diligencias que ahora la Audiencia de Barcelona ha ordenado.