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PROECESO JUDICIAL POR SUPUESTA DESOBEDIENCIA

El juez investiga si se utilizaron base de datos de ciudadanos para el 9-N

El magistrado cita a dos testigos y requiere a la Generalitat datos sobre el proyecto 'Invictus'

J. G. Albalat

La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto una nueva línea de investigación sobre el proceso participativo soberanista del 9 de noviembre del 2014. El juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instruye la causa por presunta desobediencia ha aceptado su petición de que se requiera una serie de datos para esclarecer si la Generalitat utilizó para la consulta alternativa unas bases de datos de ciudadanos encargadas en octubre del 2014 por el Centre de Telecomunicacións i Tecnologíes de la Informació (CTTI) bajo el proyecto se denominó 'Invictus'.

La empresa de tecnología T-Systems remitió hace unos días al TSJC documentación sobre los servicios que realizó para la Generalitat en relación con el 9-N. Uno de ellos, con fecha 15 de octubre del 2014, consistía en la creación de una web sobre la consulta alternativa y un registro de internet para que los voluntarios pudieran registrarse como tales. En el mismo paquete había el encargo de diseñar una aplicación que se instaló en los ordenadores usados el día de la votación y que tenía dos finalidades: registrar a la persona que votaba y comprobar que lo hacía en la mesa que le correspondía y la extracción del resultado para el recuento de votos.

Dos días después, el 17 de octubre, la Administración autonómica contrató a T-Systems para construir un registro de resultados y publicación (una plataforma informática donde se introducía los datos y se iban recibiendo telefónicamente de las mesas de votación y permitía obtener el resultado global).

LA SOSPECHA

Estos dos encargos se incardinaron en un marco contractual anterior entre el CTTI y T-Systems sobre un aplicativo informático (BDC-2500) y un centro de procesamiento de datos. Según los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled, “parece” que fue el mencionado aplicativo, tras añadirse módulos adicionales, el que se instaló en los ordenadores usados en las mesas el día de la votación.

Según la fiscalía, en la documentación entregada por la empresa de tecnología se hace constar que ese aplicativo, BDC-2500, había sido encargado en el seno del denominado proyecto 'Invictus', directamente impulsado por el Departamento de Presidència y encaminado a crear dos bases de datos de ciudadanos: una que inicialmente se cargaría con información extraídos del Registro Central de Asegurados del Servei Català de la Salut y otra se alimentaría de los datos del Registro de Población de Catalunya y otros sistemas.

La fiscalía sostiene que “cabe por tanto concluir de forma cabal que la aplicación que se creó por T-Systems y luego se instaló en los ordenadores” incluía el “tratamiento de datos personales”, lo cual resulta “coherente dadas las funcionalidades que el CTTI”, básicamente las que permitían registrar quién votaba y comprobar que lo hacía en la mesa que le correspondía.

TESTIGOS Y DOCUMENTACIÓN

Para esclarecer esta situación, la fiscalía ha pedido al juez la declaración como testigo de dos empleados de T-Systems, que ya ha sido señalada para el 21 de enero, y requerir al secretario general del Departamento de Presidència certificaciones sobre el proyecto 'Invictus' y la identidad de las personas que estaban al frente de estos ficheros automatizados.

La fiscalía también ha pedido y el juez ha aceptado que se requiera a la empresa de transportes que distribuyó las urnas y las papeletas en los centros de votación cuando realizó la labor y en qué puntos lo hizo. Asimismo, ha solicitado a una mercantil Media Planning Gruop información sobre la inserción en los medios de comunicación de diversos contenidos sobre la campaña institucional del proceso participativo y que supone la partida más cuantiosa que se destinó a la consulta alternativa por parte de la Administración autonómica.