Dolors y Marta podrán votar

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Esta es la historia de la reconquista de un derecho que nunca debería haberse perdido. Es la historia de Dolors Torrents, de 45 años, y de Marta de la Asunción, de 25. Ambas son mujeres con discapacidad intelectual. Ambas perdieron en los tribunales el derecho a sufragio y ambas acaban de recuperar, también ante la justicia, ese derecho, reconocido como fundamental por la ONU.

El Gobierno se olvida del sufragio de los discapacitados

Dolors Torrents recibió la noticia el pasado viernes. Hacía 10 años que un juzgado le retiró la capacidad de votar, al dictaminar su incapacitación total. Su familia buscaba protegerla económicamente, pero la justicia escribe con un trazo demasiado grueso en estos casos y le retiró no solo la capacidad de gestionar dinero, sino que también la privó de una parte esencial de su ciudadanía. "Estoy muy contenta por recuperar este derecho. Espero que mi caso sirva para otra gente como yo y para que la justicia se ponga al día y muestre más sensibilidad para las personas con discapacidad", explica esta vecina de Badalona, que asegura estar al día de toda la información política.

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Con el tiempo, y a pesar de la etiqueta que le había colocado la administración de justicia, Dolors fue dándose cuenta de que podía luchar para recuperar su condición de ciudadana activa: "Hace dos años empecé a dar cursos sobre derechos para personas con discapacidad. Lo pensé y comuniqué mi intención de acudir a los tribunales". Recurrió a un abogado de Aspanin (Asocación pro Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias) y comenzó el litigio.

VISTA FRUSTRANTE

La primera vista fue frustrante, y todo un ejemplo del funcionamiento de la justicia en estos procedimientos. "El juez exigía que fuera mi madre la que presentara la demanda", recuerda Dolors. Primer fallo, y de calibre. El Tribunal Superior tuvo que amonestar al juez y recordarle que Dolors nunca había perdido la potestad de recurrir a la justicia en nombre propio. "Ese juez hablaba muy bajito y me costaba entenderlo", explica Dolors. Luego, la fiscala agravó la situación: "Utilizaba una terminología muy difícil de entender". Esta actuación destapa uno de los problemas de base de estos procesos: "Muchos jueces y fiscales no velan por la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad. El acceso a la justicia es para ellos extraordinariamente difícil", señala Juan Endara, técnico en derechos de la asociación de Discapacitat Intel.lectual Catalunya (Dincat).

Tras la readmisión del caso, el panorama cambió. El nuevo juez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Badalona, resultó ser mucho más sensible a estos casos. "Fue una suerte", afirma Dolors, que se preparó a conciencia su declaración y su comparecencia previa ante el forense. "Me advirtieron de que me preguntarían muchas cosas, incluso sobre quién preside el Senado", afirma Dolors. Otra barrera. ¿Se imaginan que solo pudiesen votar los que pudiesen decir quién preside la Cámara alta?

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Para los nuevos jueces","text":"Otro de los problemas es la formaci\u00f3n de los jueces que deciden sobre los casos de la limitaci\u00f3n de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad (llamado incapacitaci\u00f3n) y su, en ocasiones desconocimiento de la convenci\u00f3n de Naciones Unidas. Es para solucionar este d\u00e9ficit que el Tribunal Superior de Just\u00edcia de Catalunya ha incluido en el temario de las oposiciones para jueces y fiscales el derecho de voto de las personas con incapacidad.\u00a0"}}

En todo este calvario ("digno de Kafka", describe Endara) resulta clave la red de apoyo social y familiar de la persona con discapacidad. "Al principio, mi familia pensaba que no lo lograría, que no sería posible. Cuando vieron que luchaba por conseguirlo, la familia me apoyó", recuerda Dolors, que subraya el papel de Salva, su hermano menor.

Las familias de personas con discapacidad también pasan una auténtica prueba. Maria Dolors Rius, madre de Marta, ha invertido mucho tiempo y ha tenido que gastar también mucho dinero. Solo en el coste del proceso judicial para recuperar el derecho de sufragio ha tenido que desembolsar 2.095 euros."Hemos de ir más allá. Hemos de conseguir que recuperar este derecho sea más fácil, más rápido y menos costoso", declara.

La hija de Maria Dolors, Marta, recibió la sentencia favorable el pasado noviembre. Pero el juez, a pesar de que daba la razón a la demandante, hacía observaciones discutibles sobre la capacidad de Marta de discernir entre peso y volumen o entre alquiler o propiedad. "Se recupero el derecho a voto, pero con un lenguaje que vulnera el derecho de acceso a la justicia", lamenta Maria Dolors.

¿Y ahora qué? Marta lo tiene claro. Sabe que votará el 20-D y a quién lo hará. Dolors Torrents no sabe cuándo podrá pisar un colegio electoral pero tiene "más o menos claro" su opción preferida. Ahora está pendiente de que se dicte la sentencia definitiva y de que se incluya su información en el censo electoral. La burocracia acabará impidiendo que vote este domingo. Espera poderlo hacer en marzo, siempre que no haya acuerdo entre la CUP o Junts pel Sí. Ya se sabe: o Mas o marzo.