PROCESO JUDICIAL POR PRESUNTA DESOBEDIENCIA

La Generalitat pidió a una empresa que siguiera con el 9-N pese a la prohibición

Joana Ortega, en la rueda de prensa para comunicar los datos del 9-N.

Joana Ortega, en la rueda de prensa para comunicar los datos del 9-N. / periodico

J. G. ALBALAT / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Generalitat instó a la empresa tecnológica T-Systems a que continuara con los trabajos informáticos que se le había encargado en relación con el "proceso participativo" del 9 de noviembre del 2014, a pesar de que el Tribunal Constitucional había prohibido la consulta soberanista alternativa. Así consta en la documentación remitida por la citada compañía al <strong>Tribunal Superior de Justícia de Catalunya</strong> <strong>(TSJC</strong>), que investiga por presunta <strong>desobediencia</strong> al 'president' en funciones, <strong>Artur Mas</strong>, a la 'consellera' de Educació, Irene Rigau y a la exvicepresidenta <strong>Joana Ortega</strong>. El tribunal catalán ha recibido información de otras firmas que parciparon en la organización del 9-N.  

El 4 de noviembre del 2014, el mismo día en que el Constitucional prohibió la consulta alternativa, la directora del departamento legal de T-Systems, Josefa Martín Bazoco, remitió una carta al responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació (CTTI) de la Generalitat, Jordi Escalé Castelló. En la misiva, la abogada de la empresa requería a este organismo público que se le confirmara si las labores que se le había encargado resultaban “afectadas” por la resolución del alto tribunal. Y en caso de estarlo, detalla la carta, que se le diera las instrucciones detalladas respecto como habían de proceder, “en nuestra calidad de contratista prestador de este servicios”.

La carta especifica las actividades de la empresa estaba desarrollando en relación con el proceso participativo y que podían resultar afectadas por la decisión del Tribunal Constitucional. En concreto, T-Systems estaba desarrollando la aplicación web de voluntarios y el “registro, presentación y publicación de resultados”, el apoyo funcional de este aplicativo durante la recogida de resultados y el dispositivo de apoyo técnico de guardia sobre las infraestructuras del Centro de Procesamiento de Datos ante posibles incidencias. T-Systems requirió una respuesta rápida “en tanto que este es un asunto sensible” para la firma, “comprometida con el cumplimiento estricto de la legalidad, a la vez que con una excelente prestación de servicios”.

LA RESPUESTA

Tres días después, el 7 de noviembre del 2014, el director gerente del CTTI respondió a la empresa que podía continuar con las labores encomendadas, ya que la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat era que “ninguna de las actividades” relacionadas con el proceso de participación ciudadana “resultaban explícitamente afectadas” por la resolución del Tribunal Constitucional.

La empresa también ha remitido al TSJC información sobre la instalación en los cientos de ordenadores utilizados en el 9-N del programa concreto que permitía registrar a los votantes con su DNI, ante la imposibilidad de utilizar el censo electoral. En este sentido, T-System ha expresado que los programas se instalaron “días antes del 9 de noviembre”. No precisa fecha, aunque, posiblemente, se instalaron los aplicativos después de la decisión del Constitucional, pues Telefónica, que fue la que vendió los ordenadores, ha dicho al TSJC que entregó los aparatos del 28 de octubre al 4 de noviembre del 2014, el mismo día de la prohibición de la consulta. Por lo tanto, según fuentes cercanas a la investigación, se tuvieron que instalar después los programas.

BASE DE DATOS

T-Systems tiene suscritos diversos contratos con el CTTI en relación con el nuevo modelo de tecnología de la información y la comunicación (TIC). Algunos son de mantenimiento y aprovisionamiento de aplicaciones informáticas o de servicios integrales. En uno de esos contratos, el CTTI hizo encargos a la empresa sobre un proyecto de base de datos de ciudadanos asegurados en el sistema sanitario catalán (el producto se denomina Invictus) y, posteriormente, se amplió con los datos del Registro Poblacional de Catalunya. La compañía, curiosamente, también ha remitido información sobre este servicio al TSJC, pese a que, según la misma firma, “no tiene una relación directa con el 9-N”. Este proyecto le fue encargado por la Generalitat en marzo del 2013.