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ACTUACIÓN JUDICIAL EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL

El fiscal requiere a la Generalitat más datos sobre el sistema informático del 9-N

La Fiscalía General del Estado emite una nota informativa sobre las nuevas diligencias

J. G. Albalat Margarita Batallas

Cola de ciudadanos en la escuela Tabor de Barcelona, antes de que abrieran las urnas del proceso participativo del 9-N.

Cola de ciudadanos en la escuela Tabor de Barcelona, antes de que abrieran las urnas del proceso participativo del 9-N. / DANNY CAMINAL

La Fiscalía Superior de Catalunya ha solicitado este lunes al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que requiera a la Generalitat nuevos datos sobre el sistema informático y los ordenadores utilizados para el proceso participativo soberanista del 9 de noviembre del 2014, así como que se solicite información más detallada a diferentes empresas sobre el traslado de urnas y papeletas a los centros educativos donde se celebró la votación. El ministerio público también quiere determinar si se utilizaron datos personales para suplir la ausencia del censo electoral.

Esta petición se produce después de que el magistrado que instruye el proceso por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional recibiera hace unos días de la Administración autonómica y de una serie de empresas documentación sobre la organización de la consulta alternativa. En algunos casos, la información enviada ha abierto nuevas vías de investigación.

En una ambigua nota y en plena campaña electoral, la Fiscalía General del Estado (no la Fiscalía Superior de Justícia de Catalunya, que es la que se encarga del asunto) ha informado de la nueva petición de diligencias encaminadas a esclarecer “la forma” en el que el Centre de Telecomunicacions y Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) proporcionó las plataformas informáticas que constituyeron uno de los elementos "esenciales" para que el proceso participativo pudiera tener lugar.

DATOS PERSONALES

La fiscalía pretende averiguar cuándo se instaló en los ordenadores el programa informático que permitió registrar a los votantes. Es decir, si se hizo cuando el Tribunal Constitucional ya había prohibido a la consulta alternativa o antes. Lo que intenta demostrar es que la Generalitat continuó con los preparativos del proceso participativo a pesar de la decisión de los magistrados del alto tribunal.

Asimismo, con las nuevas diligencias solicitadas, la fiscalía trata de determinar si en la votación se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos ante la prohibición de utilizar el censo electoral. Según la Fiscalía General del Estado, de “la información sobre la forma en que se contrataron, desarrollaron e implementaron” los aplicativos informáticos se “observan elementos que inequívocamente” apuntan a que se encargó el desarrollo de programas específicos para la votación.

En definitiva, según la Fiscalía General del Estado, “con las diligencias solicitadas se trata de establecer hasta qué punto la Administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final el control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional”.