EL PULSO POR LA INVESTIDURA

Junts pel Sí y la CUP se acercan con medidas sociales ya prometidas

Turull, Baños y Romeva, en el registro del Parlament, el pasado viernes.

Turull, Baños y Romeva, en el registro del Parlament, el pasado viernes.

FIDEL MASREAL / XABI BARRENA / BARCELONA

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El clima de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP mejoró este viernes ostensiblemente. Así lo admitieron públicamente ambas partes, que valoraron positivamente las 20 propuestas del llamado “plan de choque social” de JxSí, que contienen numerosas medidas ya propuestas por CiU a ERC en la alianza del 2012 y con inconcreciones que la CUP quiere detallar. La formación anticapitalista reconoció en cualquier caso que las negociaciones -que a partir de ahora se grabarán- entran en fase resolutiva y con una sola mesa negociadora.

En el frente de Junts pel Sí cunde un cierto optimismo. Muy moderado por el hecho de que el propio Artur Mas ha advertido de la posibilidad cierta de nuevas elecciones y por la certeza de que algunos en la formación convergente casi preferirían ya esta opción a la del desgaste que supone una negociación e hipotética gobernabilidad con la CUP. Los partidarios del pacto quieren cerrar la última oferta a los cuperos antes del 20-D para evitar que un eventual mal resultado de CDC en las urnas lleve a los anticapitalistas a endurecer las condiciones.

De momento, la CUP valora algunos aspectos del plan social, pero avisa de que quedan cuestiones clave como las privatizaciones en el ámbito de la salud o la posible marcha atrás a la venta de Aigües Ter-Llobregat. Unos y otros obviaron este viernes referencias a la figura de Mas, a quien la CUP hasta ahora ha prometido no investir. “Con el plan de choque 'desmasizamos' la negociación y logramos avanzar”, afirman negociadores de JxSí.

MEDIDAS YA PROMETIDAS EN EL 2012

En relación con las 20 medidas prometidas por Junts pel Sí, algunas estaban ya contenidas en el pacto de legislatura de CiU con ERC en el 2012, como por ejemplo la reforma de la renta mínima de inserción (Mas se ha negado a recuperarla, como promete ahora, como derecho subjetivo, es decir, para todos los que la necesiten), la lucha contra la pobreza infantil, la dación en pago (que no concreta si se hará de forma retroactiva), el apoyo a la economia cooperativa, la creción de un banco público, la lucha contra el fraude o el fomento de las energías renovables.

Por otra parte, algunas promesas chocan con votaciones contrarias de CiU en el Parlament o el Congreso. Es el caso del compromiso de que la Generalitat se persone en procesos judiciales con trasfondo político. La Cámara catalana aprobó, con la abstención de CiU, que el Govern se personase en el 'caso Urdangarin' y en el 'caso Pujol', pero el Consell Executiu no lo ha hecho.

Respecto a la ley contra la pobreza energética, que JxSí se compromete a aplicar haciendo a las empresas suministradoras “corresponsables”, la Taula d’Entitats del Tercer Sector ha lamentado recientemente que el decreto del Govern desarrollando la ley no concrete qué se exige a las empresas. En un reciente informe, la entidad ABD denunció que los baremos sobre pobreza energética invisibilizan a una buena parte de las famílias afectadas.

Y sobre el compromiso contra la emergencia en materia de vivienda, el pasado mes de octubre representantes de ayuntamientos como Barcelona, Terrassa, Ripollet y Sabadell reclamaron al Govern más recursos humanos y materiales, comenzando por la cesión de pisos vacíos susceptibles de ser habitados en régimen de alquiler social.

Entre las promesas de la coalición de CDC, ERC e independientes también está la de garantizar la retirada de dinero público a las escuelas concertadas que segregan a los alumnos por sexo. El 30 de octubre del pasado año en el Parlament, CiU y PPC rechazaron una propuesta del PSC (bajo cuyo Govern tampoco se anularon estos convenios) para limitar las ayudas solo a los centros que escolaricen conjuntamente a niños y niñas.

Finalmente, tal como este viernes apuntó la CUP, quedará por cuantificar temporal y económicamente otras promesas, como reducir a la mitad las listas de espera para la primera visita a un médico especialista o garantizar la prestación por dependencia a todas las personas que tienen este derecho reconocido, aunque el Estado no paga su parte.