El Supremo se opone al indulto de los reos por el asedio al Parlament

El Tribunal Supremo se ha opuesto a la concesión de un indulto a los ocho condenados por el asedio al Parlament en el 2011 porque atacaron "uno de los pilares de nuestra estructura democrática" representada por la cámara catalana. La decisión cuenta con el voto particular del magistrado Perfecto Andrés que apoya la concesión del indulto.

Estas ocho personas fueron condenadas a tres años de cárcel por un delito contra las Instituciones del Estado por el alto tribunal después de que la Audiencia Nacional las absolviera junto a otras 11 personas en julio del 2014. El Tribunal Supremo tildó estos actos como graves y aseguró en la resolución que "la historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra un órgano legislativo".

Ahora, los jueces vuelven a insistir en esta tesis y sostienen que la ley protege "el normal funcionamiento de los órganos parlamentarios" y el derecho de los ciudadanos "a la participación política a través de sus legítimos representantes". Por ello, afirman que "los actos violentos" contra la cámaras parlamentarias "no pueden tener cabida o justificación en nuestro sistema".

Para los jueces la actuación de los condenados afectó "al ejercicio pacífico de las funciones legislativas por los legítimos representantes del pueblo catalán". Y provocó que se viera "comprometida una de las manifestaciones de la soberanía popular".

VOTO CONTRARIO

Por su parte, el magistrado Perfecto Andrés Ibañez defiende la concesión de la medida de gracia. Y cuestiona al resto de sus colegas porque "no han sido pocas las ocasiones en que funcionarios policiales responsables de odiosos delitos de tortura se han beneficiado de generosas condonaciones de pena".

El fiscal tampoco apoyó la medida de gracia al considerar que el delito por el que han sido condenados, contra las Instituciones del Estado, es "muy grave". Además, explicó en su dictamen que la pena a la que fueron condenados es proporcionada tras exponer que este delito "no se comete con frecuencia, pero atenta contra la democracia representativa". Y añadió que la actuación de estas personas supuso "una coacción a representantes democráticamente elegidos" para que no pudieran ir a votar al Parlament.

Este dictamen de la sala penal del Tribunal Supremo será remitido al Ministerio de Justicia que lo elevará al Consejo de Ministros que tiene la última palabra. Lo más probable es que el ejecutivo rechace conceder el indulto solicitado. De momento, los condenados están en libertad a la espera de que se resuelva esta petición, pero cuando el Gobierno les deniegue la medida de gracia tendrán que ingresar en la cárcel para cumplir la condena impuesta.