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El TC anulará este miércoles la declaración independentista

Los jueces buscan una sentencia "clara, precisa y respetuosa"

El fallo subrayará que las ideas deben defenderse dentro de los cauces legales

Margarita Batallas

Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional. / AGUSTÍN CATALÁN

El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto hacer pública este miércoles la sentencia en la que declara ilegal la declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya. Los jueces comenzaron a estudiar este martes  el borrador de la sentencia redactado por el magistrado conservador Andrés Ollero. Fuentes  jurídicas sostienen que la resolución se aprobará por unanimidad.

Los magistrados iniciaron su debate con un acuerdo sobre el carácter jurídico y no solo político de esta declaración. Los jueces se apoyaron en la doctrina que establecieron en el 2014 cuando también tumbaron el texto sobre el derecho a decidir acordado por la Cámara catalana en enero del 2013. No obstante, los magistrados reconocen que, al igual que entonces, esta declaración "tiene un trasfondo político que no se puede obviar".

LA REDACCIÓN DE LA SENTENCIA

Por ello, las fuentes consultadas explicaron que los jueces del alto tribunal buscan dictar una sentencia "que sea clara, precisa y respetuosa" con este acto parlamentario porque "en una sociedad democrática es preciso respetar las formas". Estas fuentes confirmaron que en la primera sesión, los togados se dedicaron a aclarar conceptos del borrador propuesto por Ollero y a hacer matizaciones a este texto. Todo ello con el fin de que la resolución ofrezca "un tono pacifico".

Estas fuentes explicaron que en la resolución no se van a realizar más advertencias a las autoridades catalanas para que respeten este fallo. Por el contrario, van a insistir (como ocurrió cuando anularon la declaración del derecho a decidir) en el hecho de que la Constitución permite defender todas las ideas incluso las contrarias a la Carta Magna siempre y cuando se respeten los cauces legales. 

Los magistrados ya habían acordado que el tribunal debería dar una respuesta al desafío independentista antes de las próximas elecciones del 20-D como publicó EL PERIÓDICO el pasado 17 de noviembre. El alto tribunal aceleró los trámites cuando suspendió esta declaración el pasado 11 de noviembre al acortar en cinco días el plazo para que la cámara catalana presentara las alegaciones a la demanda del Gobierno. 

Los togados tienen encima de su mesa los escritos de la Abogacía del Estado y del Parlament de Catalunya. El Gobierno pidió al TC que anule esta declaración porque "ordena la secesión del España por medios no democráticos". Y porque la cámara catalana "se atribuye un poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista que se impone unilateralmente con menosprecio del estado de derecho".

Neus Munté

vicepresidenta del govern

Las reglas del juego pasan por respetar las mayorías y los acuerdos del Parlamento de la frase

Por su parte, el Parlament de Catalunya quitó trascendencia jurídica a esta declaración en las alegaciones que presentó el pasado viernes. En su escrito, manifestó que esta declaración expresa "solo una voluntad, aspiración o deseo" y carece de efectos jurídicos. Además, reclamó al alto tribunal que no atendiera las peticiones del Gobierno. Y advirtió a los jueces de que no pueden "suplantar" el poder "de representación del pueblo por el Gobierno de los jueces porque el Parlamento goza de legitimidad democrática que no es equiparable a la legitimidad del TC".

Además, la Cámara catalana pidió a los jueces que dejen sin efecto su doctrina de revisar los actos parlamentarios, que puso en marcha con la declaración del derecho a decidir, "para preservar el equilibrio entre instituciones".

Xavier Domènech

candidato de EN COMÚ PODEM

La manera de superar el Constitucional es lograr un referendo

Los jueces volverán a sus deliberaciones a las 11 de la mañana de este miércoles. La sentencia que dicten será publicada en el BOE y será de obligado cumplimiento para las autoridades catalanas y para terceros. Por ello, desde este momento, la cámara catalana y el Govern no podrán promover actos que lleven a la secesión de España. 

La vicepresidenta del Govern, Neus Munté, afirmó que se hallarán vías para seguir aplicando la declaración. “Se van poniendo por parte del Gobierno, mediante el TC muchas veces, obstáculos a distintos acuerdos que emanan de Catalunya en muchos ámbitos, en este caso por una declaración política, en otros por leyes y siempre hemos hallado la manera de avanzar porque estamos convencidos de que llevamos a cabo una voluntad mayoritaria que se expresó el 27-S, las reglas del juego pasan por respetar estas mayorías y los acuerdos en el Parlament”, subrayó.

Dos sentencias y una suspensión

El Tribunal Constitucional ha dictado ya dos sentencias y una suspensión sobre los planes independentistas de Catalunya. El alto tribunal ya ha anulado la declaración del derecho a decidir aprobada por el Parlament de Catalunya en el 2013 y la ley de consultas que sirvió para sacar las urnas a la calle el 9-N.

Los jueces del alto tribunal negaron que Catalunya sea un sujeto político soberano y reconocieron que el derecho a decidir es "una aspiración política susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución". También afirmaron entonces que este derecho solo puede alcanzarse "mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, pluralismo y legalidad". No obstante, el TC rechazó que esa aspiración política permita convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España. 

Además, los jueces también anularon la ley de consultas catalanas porque permitía la celebración de un referéndum sobre la integración de España. Esta tipo de consultas, según los jueces, solo pueden ser convocados por el Estado.

El pasado 11 de noviembre decretó la suspensión de la declaración de independencia y advirtió a 21 autoridades catalanas, entre ellas, el president Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que deben acatar sus decisiones. Estas autoridades firmaron esta notificación en la tarde del jueves en la sede de la cámara catalana después de celebrar el debate en el que no pudo ser investido Mas en segunda votación.