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Una envenenada herencia de 1.318 millones

El ajuste adicional que exige Montoro a la Generalitat corresponde a pasivos del tripartito que el PP pidió a CiU que no aflorase para no dañar la imagen de solvencia de España

Agustí Sala

Mas-Colell en la reunión de la ejecutiva de CDC el lunes.

Mas-Colell en la reunión de la ejecutiva de CDC el lunes. / DANNY CAMINAL

Una herencia envenenada de 1.318 millones de euros. Es la cantidad en la que la Generalitat debe incrementar el déficit de este año después de que la Unión Europea comunicara a la Intervención General del Estado (IGAE) que unas carreteras y centros penitenciarios realizados mediante inversiones público-privadas iniciadas por el tripartito debían contabilizarse en el ejercicio 2015. Este organismo, que es el que determina la liquidación anual del déficit de las autonomías, las había incorporado en las cuentas catalanas del 2013.

Pero en el Govern hablan de deslealtad no solo porque el Ejecutivo central conocía los datos, sino porque, en una etapa en la que aún existía sintonía con el PP, había una especie de pacto tácito para no dañar la imagen de solvencia de las cuentas públicas. Y es que, tras acceder al poder en el 2010, CiU trató de aflorar el máximo de deudas facturas pendientes del tripartito, que gobernó del 2003 al 2010.

Incluso encargó una auditoría a Deloitte en la que se aumentaba el déficit del 2010 y se destacaban compromisos público-privados que hipotecaban las cuentas hasta el año 2107. Algunos, como el canal Segarra-Garrigues, procedían de la etapa de Jordi Pujol.

El Gobierno del PP, que ganó las elecciones en el 2011, pidió a la Generalitat que no hiciera sangre con la "herencia recibida" dada la crisis de la deuda europea y la necesidad de mostrar una imagen de solvencia, según aseguran fuentes conocedoras de estos contactos. El PP avalaba por aquel entonces los presupuestos catalanes.

TRATAMIENTO CONTABLE

A su vez, entonces, la normativa contable no obligaba a anotarlos como déficit. El Gobierno central ha elevado el tono de sus declaraciones a medida que se acerca el 20-D. No obstante, el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, uno de los más contundentes, ha recuperado la moderación y admite que se trata de "un problema contable". Eso se acerca más al argumento de la Generalitat.

La Conselleria d'Economia, de Andreu-Mas-Colell, insiste en que el Govern remite al Estado "informaciones muy detalladas" y "regular y puntualmente". Desde hace una década, los datos se envían trimestralmente y, desde enero del 2013, mensualmente. 

CRITERIOS DE CONTABILIZACIÓN

Ahí se incluyen los "pasivos contingentes", susceptibles de incluirse como deuda del sector público, "dependiendo de los criterios de contabilización que consensúan Eurostat y la IGAE". También el plan de ajuste de julio del 2013 remitido a los ministerios de Hacienda y Economía, así como al Tesoro, los incluían, según la 'conselleria'.

Todos los proyectos afectados se licitaron y adjudicaron entre el 2003 y el 2009, durante el tripartito. Son concesiones de peaje en la sombra del tramo del eje viario del Llobregat Sant Fruitós de Bages-Berga (C-16), Reus-Alcover (C-14), Maçanet de la Selva-Platja d'Aro (C-35), Cervera-Caldes de Malavella (C-25) y Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès-Igualada-Manresa (C-15), así como derechos de superficie para los centros penitenciarios de Puig de les Basses (Figueres), Mas d'Enric de El Catllar y Can Brians 2. El pago de anualidades por las obras acabará entre el 2038 y el 2041.

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