El TC acelera para anular la declaración de ruptura antes del 20-D

El Tribunal Constitucional (TC) ha puesto toda la carne en el asador y está trabajando para dictar sentencia sobre la declaración independentista acordada por el Parlament antes de las elecciones generales, según fuentes jurídicas. Un grupo de letrados del alto tribunal trabajan ya en el examen del recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra esta resolución y están a la espera de recibir las alegaciones de la Cámara catalana, cuyo plazo vence la próxima semana. 

Fuentes jurídicas han confirmado que los jueces del alto tribunal están de acuerdo en dictar sentencia lo antes posible y no esperar más de un año, como cuando anularon en el 2013 la declaración de soberanía del Parlament, y casi cinco meses cuando declararon inconstitucional la consulta alternativa del 9-N. En esta ocasión se han solventado algunos problemas del debate precisamente por estos precedentes. Y es que los magistrados del alto tribunal ya establecieron que la declaración del derecho a decidir aprobada por el Parlament era una declaración jurídica y no política, y, por tanto, pudo ser analizada y anulada por el alto tribunal.

Además, en esta ocasión, las fuentes consultadas consideran que se han cruzado todas las líneas rojas porque la resolución debatida tiene por objeto "la desconexión de España", es decir, atenta contra los principios mismos de la Constitución. Por ello, estas fuentes sospechan que no habrá grandes discrepancias entre los dos bloques, el conservador y el progresista, que crearon una especie de comisión de estudios en los debates anteriores en la que participaron dos magistrados de cada sector para alumbrar un texto que lograra la unanimidad de todos los jueces.

EL PONENTE

En esta ocasión, el ponente de la sentencia, el magistrado conservador Andrés Ollero está ya trabajando con un grupo de letrados para dar respuesta a la demanda del Gobierno. El Abogado del Estado ha pedido en su escrito que la resolución aprobada por el Parlament sea declarada inconstitucional porque "ordena la secesión de España por medios no democráticos". También porque la Cámara catalana se atribuye un "poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista que se impone unilateralmente con menosprecio al Estado de derecho".

Los magistrados admitieron el pasado miércoles esta demanda y la suspendieron por un periodo de cinco meses. También acordaron dar un plazo de 10 días al Parlament para que presente las alegaciones. Asimismo, decidieron advertir a 21 autoridades catalanas de que tendrían que asumir las consecuencias si no cumplían la orden de suspensión. Estos mandatarios recibieron las notificaciones en la tarde del jueves, después del segundo intento fallido de Artur Mas de ser reelegido 'president'.

Además, el 'Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya' ya ha publicado el acuerdo del Tribunal Constitucional de admisión del recurso y la suspensión de la resolución de la Cámara catalana. Por tanto, la medida ya alcanza no solo a los parlamentarios, sino también a terceras personas. No obstante, las fuentes consultadas insisten en que son muy pocos los actos que se podrían tildar como desobediencia, ya que el Govern en funciones no puede legislar y, por tanto, el Parlament no puede tramitar normas que inicien la desconexión con el Estado, aunque estas fuentes advierten de que el incumplimiento de la suspensión se podría llevar a cabo si el legislativo catalán acuerda tramitar proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios que apoyan la independencia.

Estas mismas fuentes también han destacado que la Generalitat de Catalunya continúa manteniendo su relación con el Tribunal Constitucional. Y es que el pasado 28 de octubre recurrió la ley de defensa de la calidad alimentaria, que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 30 de julio, por entender que invade competencias del Estatut. Precisamente, esta admisión será debatida en el pleno que este tribunal celebra esta semana.

LOS PLENOS

Los magistrados tienen previsto volver a reunirse en pleno en la semana del 30 de noviembre y en la del 14 de diciembre. Las sesiones del pleno suelen comenzar los martes y terminan los jueves. En cualquiera de los dos plenos puede entrar el borrador de la sentencia y ser aprobado por los jueces, que después ya se sentirán mejor posicionados si finalmente tienen que aplicar la reforma de la ley que les permite suspender en el ejercicio de su cargo a las autoridades que no acaten su sentencia. La oficina de prensa del TC, en la nota en la que informó de la admisión y suspensión de la declaración independentista, ya informaba de que "el tribunal resolverá el fondo del asunto en próximas fechas".