Ir a contenido

EL PULSO SOBERANISTA

El Constitucional deja suspendido el proceso de desconexión con España

El tribunal apercibe a Mas, Forcadell y otras 19 autoridades catalanas de que la desobediencia tendrá consecuencias

La Generalitat advierte de que hará caso omiso al TC y desarrollará la declaración independentista

Margarita Batallas

La abogada general del Estado recurre ante el TC la resolución independista. Ha pedido que lo notifiquen personalmente a Carmen Forcadell y a Artur Mas / AGUSTÍN CATALÁN / VÍDEO: ATLAS

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió este miércoles por unanimidad la declaración de ruptura con España y advierte al 'president' Artur Mas, a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y a otras 19 autoridades catalanas de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir" si realizan "cualquier iniciativa" que suponga "ignorar o eludir" la suspensión acordada. Pocos minutos de conocerse la decisión de los magistrados, la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ya advertía de que la Generalitat piensa hacer caso omiso y desplegar la resolución independentista.

La decisión de suspender la controvertida resolución no suscitó ningún debate en el pleno de este tribunal, ya que debe ser acordada cuando la pide el Gobierno en un recurso de inconstitucionalidad, trámite que el Consejo de Ministros efectuó por la mañana. No obstante, la decisión del TC significa que esta declaración no se puede ejecutar hasta que el alto tribunal decida si la misma es acorde o no con la Constitución. Los jueces han dado un plazo de 10 días al Parlament para que presente alegaciones. La suspensión es efectiva desde este mismo miércoles para la Cámara catalana y desde que se publique en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) para terceros.

PLAZO DE CINCO MESES

La suspensión tendrá un plazo inicial de cinco meses. Antes de que transcurra este periodo, los jueces tendrán que revisar su decisión. Lo más probable es que para entonces ya hayan dictado sentencia, como ocurrió cuando anularon la celebración de la consulta del 9-N.

En su demanda, el Gobierno invocó la reciente reforma del Tribunal Constitucional que permite a los magistrados suspender en el ejercicio de sus funciones a quienes desobedezcan sus resoluciones. El alto tribunal buscó, en una sesión que se prolongó durante casi tres horas, una solución de consenso y optaron por recordar un articulo de la ley que impone la obligación a "todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones judiciales".

Asimismo, en la providencia que recibirán estas 21 autoridades catalanas se les advierte de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". De este modo, los jueces rechazan los planes del Gobierno de suspender automáticamente de sus funciones a estas personas si no acataban su decisión y obligan al Ejecutivo de Mariano Rajoy a, si lo considera oportuno, acudir de nuevo al Tribunal Constitucional e solicitar expresamente la suspensión de funciones, o dejar en manos del fiscal la presentación de una querella por desobediencia contra las autoridades que incumplan el mandato del alto tribunal.

LOS ADVERTIDOS

Esta decisión se comunicará personalmente a Mas, Forcadell y los demás miembros de la Mesa del Parlament: los vicepresidentes Lluís Corominas José María Espejo-Saavedra y los secretarios Anna Simó, David PérezJoan Josep Nuet Ramona Barrufet. También al secretario general de la Cámara, Pere Sol

Asimismo, también serán informados personalmente la vicepresidenta Neus Munté y todos los 'consellers': Francesc HomsMeritxell BorràsAndreu Mas-ColellIrene RigauBoi RuizJordi JanéSanti VilaFerran MascarellJordi CiuranetaFelip Puig y Gemma Gordó. La medida también alcanza a los nuevos 'consellers' que puedan ser nombrados por Mas si finalmente logra la revalidar presidencia de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya será el encargado de "realizar las notificaciones, requerimientos y apercibimientos acordados".

LOS ARGUMENTOS

Ninguna de estas advertencias hizo titubear al Govern de Mas. Munté denunció "la utilización por parte del Gobierno de la justicia para poner una mordaza a los anhelos de libertad y democracia de los ciudadanos de Catalunya" y confirmó que la Generalitat solo acatará el mandato "surgido de las urnas el 27-S". "Estamos cumpliendo un mandato del Parlament, que se constituyó legalmente, con un debate y una votación avalada por una mayoría absoluta de diputados y diputadas a favor de una resolución con la que se inicia el proceso hacia el Estado propio", argumentó la vicepresidenta.

El Gobierno recurrió la declaración por entender que es "claramente inconstitucional", ya que "ordena la secesión de España por medios no democráticos". Además, sostiene que el Parlament se ha atribuido las funciones de "un poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista que se impone unilateralmente con menosprecio absoluto al Estado de derecho".