La magistrada de los ERE rediseña el caso para agilizar la instrucción y empezar ya el juicio

Desgaja cuatro piezas referentes a ayudas a empresas que ya están casi culminadas

Mantiene otras dos piezas con la trama política y las sobrecomisiones cobradas por los sindicatos

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JULIA CAMACHO / SEVILLA

Tras cinco años de instrucción y casi 300 imputados, la posibilidad de que empiecen a prescribir los delitos en la macrocausa de los ERE está cada vez más cerca. De ahí que la jueza instructora María Núñez Bolaños haya rediseñado una especie de “plan piloto” con las líneas de investigación más avanzadas que permita no solo agilizar el proceso sino incluso empezar a juzgar en breve algunas de ellas

En un auto dado a conocer el martes, la jueza de instrucción 6 de Sevilla se muestra tajante. “La única posibilidad real y efectiva de ir concluyendo la instrucción es mediante la división de la misma”. Hace unos meses ya propuso, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, dividir una causa que acumula ya cientos de miles de folios, y aunque la Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado sobre este extremo, la magistrada confía en que avalen su decisión y ha dado los primeros pasos desgajando las seis líneas de investigación más avanzadas y a punto de culminar.

En este sentido, la juez apunta en el auto a que la envergadura y complejidad del 'caso de los ERE' hace imposible delimitar a priori todas y cada una de las piezas en las que, según el ministerio público, podría dividirse el caso, ya que muchas de ellas están interconectadas. Hay además otro obstáculo, es que más de 150 de las ayudas directas a empresas o ayudas sociolaborales que concedió la Junta de Andalucía están aún en fase de investigación policial para determinar las supuestas irregularidades.

Por este motivo, Núñez Bolaños ha decidido tirar de los hilos para deshacer los nudos que ya están casi resueltos. Un total de seis piezas, entre ellas la trama política, que afecta a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que se centra en la participación activa de ambos en el diseño y puesta en marcha de un procedimiento específico para dar ayudas a sabiendas de su inadecuación a este tipo de subvenciones y de su carácter discrecional, así como la falta de fiscalización. Tanto los expresidentes como los exconsejeros andaluces de Hacienda, Economía, Empleo o Innovación ya han prestado declaración en instancias superiores y están ahora a la espera de que Nuñez Bolaños les vuelva a citar tras perder su aforamiento.

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Otra segunda pieza sería la referente a las sobrecomisiones -cerca de 60 millones de euros- recibidas por sindicatos y empresas mediadoras por participar en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y las ayudas a empresas en crisis. Por último, desgaja de la causa principal otras cuatro piezas referidas a otras tantas ayudas directas a empresas, entre ellas una gestionada por los exconcejales socialistas que recibieron 34 millones de euros para empresas sin actividad y que acabaron trasvasando el dinero a otras sociedades interpuestas. Las otras tres empresas, CenforpreSurcolor Acyco, realizaron ERE con la inclusión de trabajadores que nunca habían trabajo en ellas.

Para contrarrestar las críticas de las defensas que alegan la interminable plena de banquillo de algunos de sus clientes, que podrían estar presentes en más de un centenar de procesos, la juez estima que estos posibles efectos adversos serían evitables mediante el enjuiciamiento del delito continuado o instrumentos diferentes. Así, apunta la posibilidad de moderar la pena en un segundo proceso, ya sea descontando de la pena impuesta en el segundo juicio la pena impuesta en el primero o bien que la suma de las penas impuestas en las sentencias condenatorias no supere el marco penal abstracto correspondiente al hecho delictivo.