El Gobierno prevé actuaciones contra Forcadell, 'consellers' o los jefes de los grupos JxSí y CUP

Mariano Rajoy ha puesto en marcha la respuesta del Estado ante la resolución secesionista. El dictamen del Consejo de Estado es el primer paso necesario para lograr la suspensión inminente de la declaración el el Tribunal Constitucional, cuyos magistrados recibirán también una petición expresa por parte del Ejecutivo: que se informe a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, de que la declaración queda sin efectos y de cuáles serían las consecuencias de desobecer. Ella está en el foco y en La Moncloa quieren que lo sepa. Pero Los consellers en funciones y los presidentes de grupo parlamentario también deben estar en guardia.

  Así, el Ejecutivo central da por hecho que el jueves, o el viernes como tarde, quedará anulada la polémica resolución a todos los efectos. Pero también teme que desde la CUP, aprovechando que la investidura del nuevo president sigue en el aire, se presione a Junts pel Sí (Jxsí) y al Govern en funciones para que despliegue contrarreloj su punto quinto, aunque suponga desoír al TC: “se considera pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de la hacienda pública”, establece dicho punto en la declaración secesionista.

De ponerse en marcha en los próximos días, aunque sólo sea formalmente, significaría que algunos departamentos de la Generalitat  tendrían que ocuparse, con premura, de redactar los proyectos legislativos. En ese caso, fuentes gubernamentales pevén que los consejeros catalanes en funciones afectados sean requeridos por el Alto Tribunal, recibiendo acuse de recibo de que se puede actuar contra ellos bien con una generosa multa o bien con por la vía de “suspensión de autoridades o empleado público” .

“El tribunal podrá imponer multas coercitivas, acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento o encomendar al Gobierno de la nación, aún en funciones, la ejecución sustitutoria. Todo ello, sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan”, se apunta a este respecto en la reforma de la ley del Constitucional, reformada por el equipo de Rajoy en vísperas de las elecciones catalanas.

MAS SE RESISTE A ENTRAR EN ACCIÓN

Como dejó en evidencia ayer en su discurso de investidura Artur Mas, el también president en funciones no parece dispuesto a priori a desplegar la resolución si no le dan garantías de que él será de nuevo el jefe de la Generalitat. "Sin investidura no hay gobierno definitivo y consecuentemente el proceso queda encallado. Al menos, durante un tiempo. No se entendería de ninguna manera que tuviéramos un Parlament plenamente operativo conviviendo con un Govern que deriva de la anterior legislatura", sostuvo ayer en la Cámara.

No obstante, La Moncloa da por hecho que la estrategia de la CUP pasará por intentar dar la vuelta a la tortilla y que exigirá a Mas que su equipo, aún en funciones, se implique en la redacción de los textos para cumplir el plazo de 30 días, si quiere avanzar en la negociación de la investidura. Si Mas cediera y diera directrices para avanzar en un proceso constituyente o una hacienda o caja de seguridad social propia, los consejeros de las áreas implicadas podrían tener que responder ante el TC por desobediencia, aunque los trabajos tengan nivel técnico.

Otra opción es que el desarrollo legislativo no lo impulse un Govern de transición, sino los grupos parlamentarios. Si el grupo de la CUP o de Junts pel Sí se decidieran a desplegar una resolución suspendida, entonces las medidas "coercitivas" del Alto Tribunal -que puede recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones poderes públicos para garantizar la efectividad de sus resoluciones- podrían recaer en los presidentes de dichos grupos, en este caso Antonio Baños o Jordi Turull.

CONSEJEROS CRÍTICOS CON LA RESOLUCIÓN

Es todavía una incógnita sin despejar si cederá la CUP con la investidura o Mas con el desarrollo urgente del proceso separatista y quiénes asumirían sobre sus hombros esa responsabilidad. De hecho, podría darse la paradoja de que si fueran consellers en funciones, les tocara la china a algunos políticos como Andreu Mas-Colell; Felip Puig o Germà Gordo, no precisamente favorables al texto rupturista pactado con la CUP.

Si fuera el grupo parlamentario de JxSí quien asumiera la elaboración y tramitación de nuevas leyes, entonces la disensión interna estaría más controlada: por el momento, el grupo está unificado en torno al camino emprendido, en especial porque se le ha dado, con el anexo, un perfil social que es del agrado de los diputados más progresistas.