El Parlament enfila la vía de la ruptura con Mas en el alambre

Carme Forcadell y Artur Mas, tras el pleno de constitución del Parlament.

Carme Forcadell y Artur Mas, tras el pleno de constitución del Parlament.

NEUS TOMÀS / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Solo la perspectiva del tiempo permitirá saber si el pleno de hoy del Parlament tendrá su espacio en los libros de historia. Lo que nadie duda, ni sus impulsores ni quienes la rechazan, es que la declaración que aprobará la Cámara constituye todo un desafío para el Estado, entendido en el más amplio sentido del concepto, desde los partidos a los poderes legislativo y judicial. El texto pactado entre Junts pel Sí y la CUP enfila el camino de la ruptura, aunque incluso entre sus promotores (o para ser exactos en las filas de Convergència) hay quien reconoce que la independencia sigue estando muy lejos, tanto que algunos esta mañana votarán la resolución pensando que no implica iniciar el divorcio del resto de España, sino que se trata de un instrumento de presión cara al Ejecutivo que se configure tras el 20-D.

Pero una cosa es lo que algunos dirigentes admiten en privado (confiando en que con un nuevo Gobierno en Madrid se abra una vía de negociación) y otra son las proclamas en público. De hecho, Artur Mas ha vetado que en las reuniones del Consell Executiu se abran debates políticos después de que trascendiera que varios consellers habían criticado el documento acordado con la CUP.

Para más de uno, el texto va demasiado lejos y hace trizas la imagen de moderación, sobre todo en el campo económico, que durante décadas CDC ha cultivado. Otros no entienden cómo se ha firmado sin tener asegurada la reelección de Mas (que depende de la CUP). A pesar de las no pocas diferencias internas, la declaración que hoy saldrá adelante llama a iniciar un «proceso constituyente» que permita fijar las bases de una Constitución catalana.

 De momento, lo que es seguro es que el texto recalará esta semana en el Tribunal Constitucional. Será después del recurso que el Consejo de Ministros aprobará mañana en sesión extraordinaria. Y no es arriesgado dar por hecho que sus magistrados acabarán dejando en suspenso la declaración. Ya hay precedentes. El alto tribunal anuló del Parlament en la que se proclamaba al pueblo de Catalunya como sujeto político y jurídico soberano. Comparando ambos textos, el de hoy va mucho más lejos al incluir apelaciones a la «desobediencia civil».

La CUP inició la negociación con Junts pel Sí dejando claro que para ellos sentarse a la mesa de conversaciones era sinónimo de iniciar el proceso con una declaración que demostrase que esta vez la cosa iba en serio. Si en el 2013 el Parlament exigía el derecho a decidir, ahora propone una «desconexión democrática» que no esté supeditada «a las instituciones del Estado español» y cita explícitamente a una de ellas, el Constitucional. El propósito último es crear un Estado catalán en forma de república, y en un anexo posterior se han fijado algunas medidas pensadas para «blindar derechos» especialmente en el campo social.

En la fuerza anticapitalista aseguran que si fuese por ellos, el texto sería más contundente. En CDC no había tanta prisa pero tampoco tenía alternativa porque ni la aritmética parlamentaria ni su programa le permiten llamar a otra puerta. Tampoco para investir a Mas. La CUP, pese a la presión recibida, siempre se ha mantenido firme en su negativa a facilitar la reelección de Mas.

 Esta tarde, una vez aprobada la resolución independentista, Mas pronunciará su discurso como candidato a president. Mañana será el turno de los partidos y de la votación. Será el momento en el que, para unos, en un ejercicio de coherencia, y para otros, de falta de generosidad, el grupo de Antonio Baños no sumará sus votos a los de Junts pel Sí. Mas saldrá del Parlament como ha entrado hoy: ocupando el cargo solo en funciones. Existe una alternativa, ofrecida por la CUP, pero que en CDC se sigue descartando y no es otra que buscar otro nombre. La vicepresidenta, Neus Munté, se autodescarta, pero tiene un perfil progresista y no está salpicada por la corrupción. La partida sigue abierta y la amenaza de unas nuevas elecciones planea sobre la negociación.