Albert Rivera propone fortalecer al Estado a través de una reforma constitucional

El flamante candidato de Ciudadanos para las generales, Albert Rivera, pidió ya hace meses a su gurú en varias y diversas materias, el economista Luis Garicano, que capitanease un equipo de expertos para elaborar una propuesta de reforma constitucional. La idea es que el proyecto fuera, junto con el económico, materia estrella del programa electoral para el 20-D. Garicano cumplió con su cometido y ayer, en la simbólica ciudad de Cádiz , «el lugar donde las Cortes de 1812 proclamaron que los españoles eran ciudadanos, y no súbditos», según se apuntó desde la organización naranja con toda intención, se presentó La Pepa, resumida en 30 puntos. Uno de los objetivos nada disimulados es el de tratar de apuntalar al Estado, poner un candado definitivo al modelo territorial y al trapaso de competencias y doblegar el control sobre las comunidades autónomas en plena ofensiva separatista en Catalunya. Además, dicho proyecto busca constitucionalizar un nuevo modelo de financiación autonómico basado en una cartera de servicios públicos comunes, similar al que el PP llevará también en su programa, y reclama terminar con privilegios forales.

Resumió sus intenciones el propio líder de C's cuando, ante el aplauso de un público entregadísimo que abarrotó el palacio de congresos gaditano, proclamó que si era presidente trataría de tachar de la Constitución el artículo 150.2, ese que permite traspasar competencias de origen estatal a las autonomías. «Se acabó el artículo que permitió a Jordi Pujol ir de despacho en despacho, con [Felipe] González y [José María] Aznar en busca de más competencias», dijo, en alusión a los pactos que en los 80 y los 90 el entonces líder de CiU estableció con socialistas y después con populares para ofrecer, a cambio de mayores cuotas de autonomía y financiación, estabilidad política en España.

LA SENDA DE RUBIO LLORENTE / La idea de Rivera es mencionar a las 17 autonomías y Ceuta y Melilla en la Carta Magna (en la línea de la propuesta que hace años hizo el Consejo de Estado dirigido por Francisco Rubio Llorente) y establecer un listado de atribuciones para cada administración que no se vuelvan a revisar. Y, en caso de crisis, dotar al Estado de nuevas herramientas para poder intervenir, controlar más y tener primacía sobre las autonomias. Este escenario acerca a Rivera a los postulados de los conservadores y le aleja del modelo federal que, de cara a las próximas elecciones, abandera el PSOE de Pedro Sánchez.

Pero hubo más. Rivera, con actitud a medio camino entre profesor universitario y presentador de televisión, se afanó en hacer atractivo un tema tan complejo como una reforma constitucional. No le hizo falta muchos esfuerzos para sentirse recompensado. El público llegó entregado de casa y aplaudió con igual entusiasmo la apuesta por derogar la disposición transitoria de Navarra (una medida que también defendió Mariano Rajoy esta misma semana) que el anuncio de que con él, el Senado pasaría a mejor vida, siendo sustituido por un consejo de presidentes con voto ponderado.

El candidato a las generales afirmó también que su proyecto relativo a la separación de poderes no iba a dejar indiferente a nadie. «He traído varias propuestas-bomba [...]. Algunos se van a asustar mucho con mis medidas, porque van a perder sus sillas», auguró. Y empezó a disparar: abogó por terminar con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dar más poderes a un presidente del Supremo que, al igual que el fiscal general del Estado, pasaría a elegirse de forma más democrática y con más peso de los méritos. Con Rivera desaparecería también la posibilidad de que los parlamentos autonómicos avalen jueces para los tribunales superiores de justicia.

Por último, reclamó otra ley electoral que permita votar políticos y partidos; la supresión de privilegios para parlamentarios y la inclusión de un nuevo paquete de derechos sociales -en esto coincide con el PSOE- que, según dijo, llegarán con garantía presupuestaria para que no queden en simple teoria.