Marbella no consigue superar los desmanes urbanísticos de Gil

Marbella no termina de soltar el lastre de los tejemanejes urbanísticos y políticos del GIL. El Tribunal Supremo (TS) acaba de anular el plan de ordenación urbanística (PGOU) del 2010 con el que la ciudad trató de pasar página y, mediante un delicado sistema de compensaciones, equilibrar todas las irregularidades de la construcción cometidas durante la década de los 90 y principios del 2000. La decisión supone en la práctica que cualquier licencia de obras queda paralizada, dado que se otorgan de acuerdo a dicho ordenamiento.

Para el Supremo, que responde así a los recursos presentados por sendas empresas particulares y una comunidad de propietarios, tanto el PGOU aprobado por el Ayuntamiento de Marbella en el 2010 como la orden de la Junta de Andalucía que lo daba por válido, son "nulas de pleno derecho". Los argumentos del TS para tal decisión son tajantes: no es competencia de ningún planeamiento "modular la legalización de lo ilegalmente construido".

Asimismo, detecta que el PGOU marbellí  desarrollado por Manuel Ángel González Fusteguera -factotum del urbanismo socialista en Andalucía y quien lidió con los desarrollos municipales conflictivos por sugerencia de la administración autonómica- no cumplía las normas europeas de evaluación de los efectos medioambientales y carecía de un informe de sostenibilidad económica.

COMPENSACION DE ILEGALIDADES

Para entender el urbanismo de Marbella hay que remontarse a la llegada de Jesús Gil, que, harto de que alcaldes de otras localidades le denegaran permisos para construir lo que quería, decidió convertirse en regidor para darse a sí mismo esas licencias. Tras llegar al consistorio, y con la connivencia de empresarios con los mismos escrúpulos que él, se dedicó a modificar el último planeamiento urbanístico vigente, de 1986, a golpe de convenio y 'mordidas'.

El sistema del expresidente del Atlético de Madrid era sencillo pero efectivo: la realización del nuevo PGOU estaba en marcha, y el proyecto de ciudad se iba acomodando a posteriori a los convenios que se firmaban, previo pago de comisiones. En el documento, evidentemente se minusvaloraban los intereses vecinales y se primaban las moles de hormigón de empresarios que desarrollaron la ciudad en función de sus intereses económicos y que años más tarde fueron cayendo uno tras otro en el saco de los acusados en el 'caso Malaya'.

PLENO DE MADRUGADA

Desde 1991, los distintos gobiernos del GIL intentaron sin suerte que la Junta de Andalucía les diera el visto bueno hasta a tres planeamientos diferentes. Finalmente, en 1998 y en un pleno convocado de madrugada, el Ayuntamiento de Marbella aprueba únicamente con los votos del GIL el nuevo PGOU ante el silencio administrativo de la Junta de Andalucía. El texto sería anulado en el 2005, la Junta retiró a la ciudad las competencias urbanísticas y, tras la disolución del consistorio en el 2006, todas las instituciones se pusieron manos a la obra para consensuar un nuevo planeamiento urbanístico que compensara los desmanes, evitara la inseguridad jurídica de muchos compradores de vivienda y permitiera empezar a pasar página.

Con todos los focos puestos en la ciudad, y numerosas inversiones extranjeras pendientes de que la piqueta entrara a derribar o no viviendas, los planificadores idearon un sistema que permitía a los constructores de viviendas irregulares compensar esas ilegalidades cediendo o comprando terreno para dárselo al ayuntamiento y destinarlo así a espacios públicos. Una fórmula a la que pudieron acogerse la inmensa mayoría de inmuebles irregulares, salvo los que incumplían normativas nacionales como la de invadir el dominio marítimo terrestre.

SIN POTESTAD

Ahora, en los tres fallos dados a conocer este miércoles, y coincidentes en sus decisiones, el Supremo reconoce "la generalizada ilegalidad urbanística existente en Marbella, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo al margen de la legalidad y la excepcionalidad de la situación creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad".

Y dice también ser consciente del "intento del ayuntamiento y de la Junta para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad, plasmado en la Revisión del PGOU", pero no le queda otra opción que anular el planeamiento porque "no está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de Suelo Urbano Consolidado". Tampoco, añade, "resulta jurídicamente posible" que "altere los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de la misma a los promotores de las construcciones en contra de lo previsto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 2008".

Asimismo, el TS considera que "carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones que alteran el equilibrio del derecho de propiedad y que además dependen de la modulación del nivel de legalización realizado por el propio planificador".