Mas decide saltar al campo

Artur Mas ha decidido implicarse en las negociaciones que están llevando a cabo Junts pel Sí y la CUP para diseñar el proceso constituyente que debería concluir en la proclamación de la república catalana y, si se cumplen los deseos del líder de CDC, garantizarle la reelección como presidente de la Generalitat. De ahí que el lunes, tras el pleno que inauguró la 11ª legislatura del Parlament, Mas se reuniese con dos representantes de la fuerza anticapitalista, los diputados Anna Gabriel y Benet Salellas. El encuentro fue desvelado por El Confidencial y confirmado por fuentes conocedoras de las conversaciones. La CUP, que desde un principio dejó claro que no pensaba participar en el juego de las filtraciones, evidenció su malestar por que haya trascendido este encuentro. Pero más allá de las formas, tanto esta formación como Junts pel Sí reconocen que se está avanzando en el debate sobre las propuestas programáticas (pese a que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reconoce que no van tan rápido como ella desearía). Otra cosa es el nombre de quién debe ser el candidato o candidata a presidir la Generalitat.

«No votaremos a favor de que el president sea Mas», reiteró Antonio Baños este jueves en una entrevista en La Sexta. La CUP insiste en que «el quién» para ellos es lo más irrelevante porque lo importante es acordar el llamado «plan de choque». Por ejemplo, que a partir de ahora no haya más desahucios y que se garantice que este invierno «nadie se quede sin calefacción».

La "piña" convergente

En el entorno convergente empiezan a escucharse voces que pronostican que habrá Govern «con o sin Mas», un extremo que dentro del partido nadie asume aún como una posibilidad. «Somos una piña», asegura un dirigente. Pero lo cierto es que en la cúpula de Convergència ha empezado la batalla para tomar posiciones cara al congreso de refundación previsto para marzo.

Unos movimientos, aún soterrados, a la espera de cuál acaba siendo el futuro de Mas. Y, evidentemente, vinculados a las novedades que puedan deparar las investigaciones del caso Pujol y las de la presunta financiación ilegal del partido. Dos casos con nexos comunes y que tampoco ayudan en nada a acelerar las negociaciones con la CUP, una formación que ha demostrado con denuncias a los juzgados y declaraciones públicas que su compromiso con la lucha contra la corrupción es irreprochable.

Los próximos pasos

Una de las incógnitas que deberá resolverse en los próximos días es la fecha de celebración del pleno que aprobará la declaración soberanista que abra el camino hacia la ruptura con España. A la espera de los movimientos que pueda llevar a cabo el Gobierno central para impedir incluso la convocatoria del pleno, Junts pel Sí y la CUP ya están pensando en el timing. Los primeros consideran que lo más plausible sería hacer una doble sesión el lunes 9, una para dar el visto bueno a la declaración y otra para realizar la primera votación de investidura. Incluso la presidenta del Parlament no descarta que se acabe habilitando el sábado para que se puedan presentar las enmiendas de la oposición, de manera que así la declaración se debata ese día.

La CUP tiene más prisa y apuesta por que el pleno se celebre antes, el viernes 6, cuando el PPC ya debe haber designado a su portavoz y, por lo tanto, ya no hay argumento para evitar que se reúna la junta de portavoces, que es el órgano que debe proponer a la presidenta la convocatoria del pleno. Todo ello a expensas de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiera (o pueda) impedir que se vote el texto acordado por Junts pel Sí y la CUP. Ciutadans y el PSC son partidarios de recurrir al Tribunal Constitucional la mera convocatoria de la sesión plenaria. Además, el partido de Albert Rivera ha pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, mientras que el primer secretario socialista, Miquel Iceta, solicitó también un informe a través de una carta a Forcadell en la que le advertía de que la declaración soberanista puede ser contraria al Estatut y también a la Constitución.

Así que, a falta de ver cómo se resuelve el conflicto jurídico-político, se intenta avanzar en las llamadas estructuras de Estado. En los últimos tiempos, ERC había mostrado su preocupación por la falta de impulso a una de ellas, la Hacienda catalana. Fuentes nacionalistas explicaron a este diario que es cierto que los trabajos están muy retrasados. Hasta el punto de que afirmaron que es prácticamente imposible que la Hacienda catalana esté en funcionamiento antes de tres o cuatro años. El motivo no es otro que la falta de personal y de una infraestructura que permita que los contribuyentes catalanes paguen sus impuestos solo a las arcas de la Generalitat. Una de las posibilidades sería que los primeros contribuyentes en hacerlo fuesen los funcionarios de la Administración autonómica y de las empresas públicas. Así que, en caso de que se apruebe la declaración del Parlament, el trabajo que queda es ingente.