CITA EN LA MONCLOA ANTE EL DESAFÍO SOBERANISTA
El Estado pule su reacción
GEMMA ROBLES / PATRICIA MARTÍN / MADRID
Telefoneó el martes el socialista Pedro Sánchez al presidente Mariano Rajoy para interesarse por la respuesta que se iba a dar al nuevo desafío de los separatistas en Catalunya, quienes han registrado una moción que conlleva la desconexión con España y el aviso de que, desde su aprobación, la desobediencia a las instituciones españolas y al Tribunal Constitucional será la máxima a seguir. Hubo, según fuentes gubernamentales y del PSOE, un primer intercambio exprés de opiniones en esa conversación telefónica, y un emplazamiento para almorzar 24 horas después.
Así las cosas, cuando Sánchez se reunió en la mañana del miércoles con su ejecutiva y su consejo político federal (que preside la andaluza Susana Díaz) a puerta cerrada, ya sabía que unas horas después estaría en la Moncloa compartiendo mantel y reflexiones con Rajoy. Antes de marcharse a su cita, coincidió con sus compañeros en que la posición del principal partido de la oposición debía girar en torno a la «lealtad» con el Ejecutivo central, siempre que las respuestas a los retos separatistas sean «mesuradas», apuntaron fuentes socialistas. Y sin que esa «colaboración» con el Gobierno de Rajoy suponga renunciar a defender también la que consideran la «única salida política» al conflicto con Catalunya, que es la reforma constitucional que el miércoles presentaron y que será incluida en el programa electoral del PSOE para las generales.
JUNTOS «POR LA UNIDAD»
Sánchez llegó a su reunión con Rajoy con una resolución aprobada por todos sus barones territoriales sobre la postura de los socialistas. «El consejo político federal del PSOE manifiesta su oposición a la iniciativa [secesionista, registrada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlament] y su apoyo y respaldo a cuantas medidas persigan respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes y, en consecuencia, para defender la unidad de España y salvaguardar la convivencia democrática en la totalidad del Estado», se apunta en el documento en cuestión. Pero en ese mismo texto se recalca también que «la solución satisfactoria» para el conflicto que se vive con Catalunya puede ser la renovación del pacto constitucional y se incide en la necesidad del «diálogo» al mismo tiempo que se hacen cumplir las leyes.
Sobre estos mimbres y después de que Rajoy, a primera hora de la mañana y en una entrevista en la Ser, hubiera apuntado que a él no le temblará «el pulso» pero que en cualquier caso no le gustaría tener que llegar a aplicar el artículo 155 de la Constitución -que implica la suspensión de la autonomía-, parece que el presidente y el líder del PSOE hallaron puntos de encuentro. «Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han acordado trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, de la unidad nacional, de la soberanía nacional y de la igualdad de todos los españoles», rezaban sendos comunicados remitidos el miércoles por la tarde desde Moncloa y Ferraz.
LAS VÍAS DE ACCIÓN
El objetivo es ir perfilando una respuesta que nazca de «la prudencia y sin ansiedad», según palabras del jefe del Ejecutivo. En definitiva, que no conlleve excesos que puedan ser aprovechados por el adversario y que, al tiempo, pueda ser también digerida por la dirección socialista como condición fundamental para mantener el respaldo. Y que sirva, además, para poder tener el apoyo de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que será el próximo dirigente en pasar por la Moncloa (por el momento, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no ha sido invitado a esta ronda, lo que ha provocado el malestar de su organización).
¿Qué cartas tiene el Estado en esta partida? Según parece, se retrasará en lo posible la tramitación de la iniciativa separatista, a fin de intentar que su aprobación no sea antes del 9-N, esto es, de la posible fecha del primer intento para investir a Artur Mas. En Madrid hay sospechas de que la aprobación de dicha iniciativa es una condición para votar a Mas. Una vez que la mesa del Parlament califique la propuesta de JxSí y la CUP, llegará el turno del pronunciamiento de la Abogacía del Estado, que en estos momentos estudia si cabe algún «resquicio» para recurrir en el Constitucional antes de que la resolución sea sometida a votación o si, lo que en la Moncloa y en el PSOE creen más probable pese a las reticencias de C's, se impugna una vez votada.
Ahí la pelota pasará al tejado del TC, que dejará en suspenso la declaración hasta que llegue su decisión final. Si con la declaración suspendida hubiera desobediencia por parte de sus impulsores, el alto tribunal tendría que aplicar la nueva ley para hacer cumplir sus fallos: de la trascendencia que dé al asunto dependerá cuánto tiempo tarde en los trámites y si decide o no la inhabilitación inmediata de los cargos públicos implicados.
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