04 abr 2020

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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Viloca llevaba un registro de las comisiones de los empresarios

El tesorero anotó los encuentros y las cantidades donadas a la fundación CatDem

El juez abre hoy una caja fuerte y varios maletines entregados a la Guardia Civil

MARGARITA BATALLAS / JESÚS G. ALBALAT / MADRID / BARCELONA

Andreu Viloca, tesorero de CDC, lo tenía todo anotado en la agenda de su ordenador en su despacho de la fundación CatDem. Y guardaba apuntes de sus encuentros con empresarios que hacían donaciones a la entidad. Una documentación que, si caía en manos de los investigadores del caso del 3%, podía complicarle las cosas. Por ello, pasó los papeles por la trituradora el pasado mes de agosto, aunque no contaba con que el equipo de criminalística de la Guardia Civil pudiera reconstruirlos y, a partir de la información así obtenida, proponer la detención de los seis empresarios arrestados la pasada semana. Los investigadores sospechan que algunas de las anotaciones aludían a comisiones por adjudicaciones de obra pública que luego llegaron a CDC. El tesorero, que se negó a explicar al juez Josep Boch y los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, el contenido de los papeles, acabó en la cárcel.

En estos documentos aparecen consignadas las reuniones que Viloca mantuvo con los empresarios y las donaciones que estos realizaron, según reveló ayer la Cadena Ser. Entre el 2009 y el 2012, los encuentros solían celebrarse los días previos a la adjudicación de obras públicas. En septiembre del 2011, el tesorero se reunió con el administrador de Rogasa, Antonio García Bragado, 10 días antes de que saliera a concurso la construcción del CAP en Prats de Lluçanès. Rogasa, que se hizo con la obra, donó 50.000 euros a la fundación de CDC.

Viloca también se entrevistó con Jordi Soler, del Grup Soler, que donó 145.000 euros, y con Jordi Duran, de Urbaser, que entregó un cheque con 50.000 euros en septiembre del 2011. Un encuentro con Jordi Sumarroca, de Teyco, coincidió en el tiempo con una donación de 40.000 euros a la fundación. En otras anotaciones también aparece Sergio Lerma, de Opraler. A este empresario se le incautaron en su casa de Madrid unas anotaciones en las que se refería a Oriol Pujol como «el conseguidor» y 200.000 euros en efectivo.

En la operación también se registraron las oficinas de Infraestructures de Catalunya. En esta operación participaron inspectores de Hacienda para filtrar la documentación requisada. Los investigadores se llevaron los expedientes de las adjudicaciones a las empresas bajo sospecha, así como documentación sobre su funcionamiento.

«UNA PANTALLA» /Fuentes de la investigación han confirmado que en el registro de CDC también participó un inspector de Hacienda porque «había que actuar con el máximo cuidado, puesto que no se trata de una empresa, sino de un partido político».

Estas mismas fuentes también apuntan que se trata de probar que la CatDem era «una pantalla» y subrayan que el juzgado no ha actuado contra las actividades culturales y de think tank de la fundación que dirige Joaquim Colominas, sino contra la parte financiera que comparte con CDC.

Hoy está previsto que el juez Josep Bosch proceda a la apertura de una caja fuerte y dos maletines del director de Infraestructures de Catalunya, Josep Antoni Rosell, que uno de sus colaboradores hizo llegar a la Guardia Civil. Rosell estará presente en esta diligencia. Su abogado, Andreu Van den Eynde, anunció ayer que presentará un escrito contra la validez de esta prueba porque «se ha roto la cadena de custodia».

Los investigadores han conseguido reunir importante documentación porque algunos de los implicados la han guardado para protegerse cuando se destaparan estas prácticas, según fuentes jurídicas.