La fiscalía halla pruebas sobre el posible amaño de contratos públicos

En contra de lo manifestado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament de que el sistema de contratación pública «es impecable», la Fiscalía Anticorrupción considera que tienen pruebas suficientes y concluyentes que demuestran que se han amañado adjudicaciones de obras públicas y servicios en los últimos años. «Si antes de los registros efectuados en pasado miércoles ya teníamos pruebas, ahora tenemos muchas más», aseguraron a este diario fuentes de la investigación. El fin de la manipulación de los concursos públicos, según las mismas fuentes, sería otorgar el contrato a determinadas empresas que, a cambio, supuestamente donarían cuantiosas sumas de dinero a la fundación convergente CatDem, que sería el «canal directo» para que los fondos llegaran a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Los investigadores también consideran que en los registros efectuados el miércoles se ha hallado documentación que permite afianzar su tesis del pago de comisiones a CDC por parte de un grupo de empresas que, habitualmente, trabajan con la Administración autonómica. Estos pagos supondrían hasta el 10% del coste de la obra o el servicio adjudicados, aunque la media, es del famoso 3% lanzado en febrero del 2005 el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

La fiscalía sostiene que el director general de la empresa pública Infraestructures de Catalunya, Josep Antoni Rosell, es una pieza clave. De ahí que la acusación pública reclamara ayer para él su ingreso en prisión. El juez, sin embargo, lo rechazó y solo le retiró el pasaporte

En el 2011, cuando Convergència recuperó el poder en la Generalitat, Rosell, militante del partido, fue nombrado director de Infraestructures de Catalunya. Las fuentes consultadas explicaron que tomó dos decisiones claves: cambio los criterios para evaluar las ofertas de las empresas y otorgó mayor peso a la parte técnica, que es más subjetiva, que a la económica. Este método, según los investigadores, permite manipular más fácilmente la adjudicación de un concurso públicos.

EL REGISTRO

El miércoles, la Guardia Civil hizo un exhaustivo registro en la sede de Infraestructures de Catalunya (antigua GISA) en Barcelona y se llevaron casi una treintena de cajas llenas de documentos. Fuentes de la investigación confirmaron ayer a este diario que los agentes se incautaron de expedientes de grandes obras públicas. La Guardia Civil deberá a partir de ahora analizar todo el material incautado y cruzar datos con las donaciones de las empresas a CatDem. La contabilidad de CDC, incautada en la sede del partido el miércoles, permitirá o no cerrar el círculo. Es decir, descubrir los traspasos económicos entre la fundación convergente y el partido de Artur Mas. Fuentes de la investigación aseguraron ayer que los investigadores cuenta con «informadores anónimos» que están facilitando datos sobre GISA (ahora Infraesctructures) y su funcionamiento. Este diario ha podido saber que podría ser un antiguo trabajador de la empresa pública de la Generalitat.