Una directora de instituto declara al juez que recibió "presiones" de la Generalitat por el 9-N

La exdirectora del instituto Pedraforca de l’Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, ha asegurado este lunes ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Juan Manel Abril, que sintió "presionada" por las llamadas recibidas de un cargo de la Conselleria d’Ensenyament antes del 9 de noviembre del 2014 para que dejara las llaves del centro educativo y poder realizar en el mismo la votación. La testigo ha explicado al magistrado que cuando el 4 de noviembre el Tribunal Constitucional prohibió la consulta inicial y el Gobierno catalán impulsó el proceso participativo decidió que solo daría las llaves si había una orden por escrito. Como no la hubo no las entregó, según fuentes judiciales.

Dolores Agenjo, que se presentó en las últimas elecciones autonómicas en la candidatura de Ciutadans, ha detallado que las "cinco" llamadas de la directora de los servicios territoriales de Barcelona las recibió el 6 y 7 de noviembre. En ellas se le conminaba, según su versión, a entregar las llaves del centro que, al final, no abrió sus puertas el 9-N.

La testigo ha confirmado que acudió a la reunión convocada por Ensenyament el 16 de octubre del 2014 en la que se informó a los directores de colegios e institutos de la celebración de la consulta soberanista.

Agenjo ha calificado de “instrucciones” lo hablado en aquel encuentro y que se comentó a los directores que si no entregabanrlas llaves "se atuvieran a las consecuencias", según fuentes jurídicas. Anteriores testigos han asegurado que era una reunión meramente informativa y que se celebró ante las llamadas de los directores de los centros educativos. La exdirectora del Pedraforca no informó a los empleados del instituto de que se estaban buscando voluntarios. La testigo ha dado nombre de más responsables de institutos de l’Hospitalet que tampoco estaban dispuestos a abrir los centros y que, según ella, también se sintieron presionados.

EL CENTRO DE PRENSA

En la mañana de hoy también ha declarado como testigo el responsable de la empresa Focus, Daniel Martínez, que ha explicado el encargo que recibió para el montaje del centro de prensa ique la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, utilizó el 9 de noviembre para dar los datos de la votación.

Martínez ha concretado que este servicio se realizó en el marco de un contrato anual que la empresa tenía con la Conselleria de Presidencia por, como máximo, 500.000 euros. El directivo ha asegurado que la organización del acto costó 140.000 euros. El encargo lo había recibido antes de la prohibición del Tribunal Constitucional, el 4 de noviembre, aunque el testigo ha admitido que la semana antes del 9-N se hicieron algunas modificaciones. La fiscalía ha pedido al juez que requiera a Focus documentación sobre las labores que realizó.

Esta previsto que esta tarde declaren otros tres testigos.