Mas se plantea desobedecer una eventual inhabilitación por el 9-N

XABIER BARRENA / J. G. ALBALAT / BARCELONA

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El peso específico de Artur Mas dentro del proceso soberanista aumentó ayer, justo cuando la aritmética parlamentaria y, sobre todo, la CUP han puesto en duda la vigencia de lo que hasta ahora ha sido entendido como el principal activo humano del proceso soberanista. Ni en el mejor de los sueños el más audaz de sus asesores habría siquiera imaginado un día más redondo que el de ayer. El 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys sirvió de marco emotivo de una jornada en la que el presidente de los catalanes afrontó la justicia española por haber osado poner las urnas el pasado 9-N en un proceso participativo prohibido por el Estado. Ante los medios, el líder de CDC derrochó seguridad; se vistió de paladín de la democracia; lanzó un heroico dejadme solo a los jueces -con la asunción completa de la posible culpa- e incluso se regocijó con las rendijas que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó abiertas para que él colara una pseudo-consulta. Y sobre todo, acaso como guiño a la CUP ,verbalizó por primera vez su disposición a desobedecer el ordenamiento legal español, llegado el caso.

El larguísimo espot de reivindicación de la figura de Mas como líder indiscutido del proceso empezó con un baño de masas (hasta 6.000 personas se congregaron para mostrarle su apoyo, decenas de alcalde incluidos), a la entrada y la salida del Palau de Justicia. Aglomeración que motivó que, por la tarde, la Fiscalía General del Estado anunciara que «empleará los medios legales» a su disposición «para preservar la independencia de los tribunales».

En la declaración ante el juez, escena para la que se despojó a los abogados de sus móviles (con cámara) y donde estuvieron presentes, hecho inusual, los escortas del president y del juez, no se sabe bien por qué, Mas afirmó que él era el «único responsable» y «promotor político» del 9-N.

En los 70 minutos que duró el trago, Mas solo respondió a las preguntas del magistrado Josep Manel Abril. El abogado defensor, Javier Melero, no formuló ninguna. Mas hizo una introducción de 10 minutos antes de que comenzara el interrogatorio. «No entiendo por qué estoy aquí y tengo que dar explicaciones, porque el 9-N es una decisión política», señaló.

Hizo hincapie -con honda satisfacción cuando lo hizo ante los medios- en que el Gobierno no recurrió el proceso participativo hasta 15 días después de convocarlo, lo que le dio tiempo de trazar todo el guion y ordenar los movimientos a realizar. Ese 4 de noviembre cesó en la preparación del 9-N. A partir de ahí, dijo, la ejecución quedó en manos de los 40.000 voluntarios. Y hundiendo en el dedo en la llaga del Gobierno afirmó que el sucedáneo de consulta podría haberse suspendido el 9-N el mismo día. «Estaba expectante de lo que podían hacer otras autoridades y vi que nadie hacia nada, con lo que se siguió adelante», alegó en la sala. El TC podría haber recurrido a la justicia ordinaria y tampoco lo hizo. El presidente le dijo al juez que no buscara más responsables. «El responsable soy yo», afirmó tajante.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que estuvo acompañado del fiscal superior de Catalunya, Josep Maria Romero de Tejada, salió en defensa de la fiscalía y manifestó: «la fiscalía es única para todo el Estado y actúa sometida a la legalidad y a la imparcialidad, tanto hoy como cuando informó el 9 de noviembre de forma desfavorable a la retirada de las urnas». Y es que Sánchez fue el mismo que emitió ese dictamen ante las diversas denuncias presentadas.

Para Mas, la querella es solo una pieza de la partida política. El fruto «de la rabia» de algunos, es decir del Gobierno, por el éxito de la pseudoconsulta. Y como pieza política, Mas espera su archivo. Y si no es así y lo inhabilitan (ello podría demorarse hasta cuatro años), el presidentquizá prendido del espíritu rupturista que impregna el post 27-S, señaló que podría incluso desobedecer ese fallo. «Depende del momento en que esté Catalunya, de la situación jurídica», es decir, en función de si se ha aprobado la ley de transitoriedad que, para los convergentes, marca el corte de amarras con España. La desconexión. Un Mas aclamado por la gente y siendo comparado por Companys, un Mas que se vanagloria de los errores del Gobierno. Un Mas que menta abiertamente y en primera persona la ruptura con el Estado. Un Mas, en definitiva, un poco más difícil de negarle la investidura. Aunque la CUP es la CUP.