El largo camino del 9-N

El 9-N se ha convertido en un largo camino que ha provocado la imputación del 'president' en funciones, Artur Mas; de la 'consellera' de Ensenyament en funciones, Irene Rigau; y de la exvicepresidenta Joana Ortega. Un camino que se remonta al 23 de enero del 2013, cuando el Parlament declaró la soberanía de Parlament Catalunya desoyendo las recomendaciones del Estado español, que presentó una impugnación a la declaración del Parlament ante el Tribunal Constitucional el 8 de marzo del 2013. Desde entonces el proceso se ha convertido en un incesante vaivén de querellas, recursos, suspensiones y alegaciones. Una lucha entre Govern y Gobierno con los altos tribunales de por medio. 

CONVOCATORIA DEL 9-N

La fecha clave y que dio luz verde a la consulta fue el 27 de septiembre del 2013 -dos años antes de las últimas elecciones catalanas-. El Parlament, con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, aceptó el mandato para convocar una consulta para "hacer efectivo a lo largo del año 2014 el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro político".

Al cabo de dos meses, el 12 de diembre, los partidos que habían votado a favor del mandato, se volvieron a reunir y acordaron cuándo sería y qué se preguntaría en la consulta: se llevaría a cabo el 9 de noviembre y se preguntaría a los cidadanos dos cuestiones. En primer lugar, "¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado?". Si la respuesta era afirmativa, podría responder a la segunda: "¿Quiere que ese Estado sea independinete?".

Mientras tanto, más de un año después de suspensión de la declaración de soberanía, el Tribunal Constitucional tumbó definitivamente esta resolución del ParlamentTribunal Constitucional con una sentencia dictada el 24 de marzo de 2014. 

EL PARLAMENT PIDE COMPETENCIAS

Una vez que se aprobaron la fecha y la pregunta que se abordarían en la consulta, el Parlament emitió el 16 de enero del 2014 al Congreso de los Diputados una propuesta de ley orgánica que confiriera al Govern la capacidad de autorizar, convocar y celebrar un referéndum ley orgánica . Después de debatirla en un pleno de la Cámara baja el 8 de abril, en el que participaron Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA) la propuesta de ley para convocar referendums fue rechazada con 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención.

A pesar de los rechazos por parte del Gobierno y los tribunales, el Parlament aprobó la ley de consultas populares no refrendarias, que buscaba dar amparo al 9-N y que finalmente, con el voto en contra de Ciutadans y el PPC, vio la luz el 19 de septiembre y entró en vigor el 27 de ese mismo mes, cuando se publicó el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) y Mas lo firmó.

RECURSOS Y ALEGACIONES

A la vez que comenzó la campaña institucional del 9-N, el Consejo de Estado se reunió para aprobar los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno el 29 de septiembre del 2014 ante el Tribunal Constitucional en contra de la consulta. El Constitucional se reunió de forma extraordinaria y ese mismo día aceptó a trámite el recurso. Al día siguiente, el 30 de septiembre, la Generalitat presentó las alegaciones. 

El 31 de octubre de 2014 el Gobierno impugnó el proceso participativo ante el TC y el 3 de noviembre el Govern alegaba la impugnación, al día siguiente presentaba un recurso al Supremo y el TC admitía a trámite la impugnación del Gobierno. Además, suspendió cautelarmente la consulta.

Por su parte, el Supremo rechazó el 6 de noviembre el recurso que había presentado el Govern de la impugnación del proceso que había presentado el Gobierno. De modo que la Generalitat volvió a presentó un recurso de súplica al Constitucional el día 7, apenas dos días antes que se celebrara la consulta.

LA CONSULTA

Con la prohibición de la consulta por parte de los tribunales sobre la mesa, el Govern puso en marcha el 9-N. Se abrió un plazo de inscripción para voluntarios, se presentaron los dispositivos de votación, los partidos proconsulta se reunieron varias veces, se habilitó una web de la Generalitat en la que se resolvían dudas del proceso, se especificaba quién podía votar y cómo, mientras la abogacía del Estado recusaba ante el TC el nombramiento de la comisión de control y la Generalitat recusaba a los miembros del Parlament. Finalmente, y contra todo pronóstico, la consulta se celebró el 9 de noviembre con una participación de unos dos millones de votantes.

QUERELLAS POR EL 9-N

A pesar de que en un principio la Fiscalía de Catalunya rechazó querellarse por el 9-N, después de que la junta de fiscales de sala lo avalase, el ministerio público presenta una querella y el TSJC la admite a trámite el 8 de diciembre del 2014. Además, el 25 de febrero de 2015, el TC declara inconstitucional dos preceptos de la ley de consultas y dos días después el TSJC rechaza los recursos que había presentado la Gereralitat. El 11 de junio el TC declaró inconstitucional también la consulta del 9-N. 

IMPUTADOS

Dos días después de las elecciones del 27-S el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya citó a Artur Mas, a Joana Ortega y a Irene Rigau a declarar como imputados. La exconsellera de Enseyament y la exvicepresidenta han declarado este martes ante el juez. Este jueves es el turno del 'president' en funciones Artur Mas.