Artur Mas no descarta desobedecer una eventual sentencia de inhabilitación

El 'president' Artur Mas ha comparecido este martes ante los medios de comunicación tras declarar ante el TSJC por el 9-N. Lo ha hecho en la galería gótica del Palau de la Generalitat, lugar de las grandes declaraciones. Allí, Mas no ha descartado que vaya a desobedecer una eventual sentencia de inhabilitación. "Dependerá del momento legal en que se esté", ha afirmado en referencia a si el Govern ha iniciado ya la llamada desobediencia y desconexión del entramado judicial español. Y ha añadido: "Inhabilitándome no frenará el proceso".

Durante su intervención, Mas ha atribuido la querella interpuesta por el Gobierno contra él, la consellera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, "a la rabia" que les produjo el "éxito de la convocatoria". El 'president' ha señalado que, judicialmente, "no hay tema", pero que "tomando en cuenta que el árbitro (las instituciones judiciales) no es imparcial, sino que es parte" se puede esperar de todo en un futuro.

Mas ha explicado que su cometido fue encajar la voluntad popular de ir a las urnas, expresadas en las elecciones del 2012, con el ordenamiento legal. "No confrontarlos, sino encajarlos", ha sentenciado. En esta línea, se ha jactado de haber preservado "la paz social". "El proceso de participación fue consecuencia de una iniciativa institucional y una ejecución ciudadana" por lo que si se hubiera que rendir cuentas, estas deberían darse "en el Parlament, nunca ante un tribunal por una causa penal".

"Me declaro máximo responsable de haber ideado e impulsado el proceso participativo, de haber escuchado la voz de cientos de miles de catalanes, pero también de aplicar las providencias del Tribunal Constitucional que suspendía, primero, la consulta y, después, el propio proceso participativo". Así, Mas ha hecho hincapié en que, así como la consulta fue suspendida de inmediato, el proceso sufrió una 'amnistía' de 15 días, hasta que el TC se puso manos a la obra. En estos 15 días, ha dicho, fue cuando la Generalitat, en plena legalidad, dio las instrucciones pertinentes para llevar a acabo. Tras la suspensión, el 4 de noviembre, "fueron los 40.000 voluntarios los que la hicieron posible".

INACCIÓN DEL EJECUTIVO Y LA FISCALÍA

Esa dilación de 15 días entre la convocatoria del proceso participativo y el recurso del Gobierno, no ha sido el único elemento de inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy del que Mas se ha regocijado: "¿Vieron ustedes algún fiscal pidiendo que se cerrarán los colegios electorales el mismo 9-N?". La falta de contundencia en la defensa de la suspensión es otro de los elementos que esgrime el Govern en defensa de los tres imputados.

Ante las muestras de apoyo recibidas este jueves, como las del martes a Rigau y Ortega, Mas ha llamado a la unidad de los partidos en los momentos claves, en una clara referencia a las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para la formación del nuevo govern.