PROCESO JUDICIAL POR LA CONSULTA

Ortega y Rigau aducen el mandato del Parlament para justificar el 9-N

La exvicepresidenta asume en persona ante el juez la organización de la consulta alternativa

El TSJC tacha de "ataque a la independencia judicial" los actos de apoyo de las imputadas

Joana Ortega e Irene Rigau declaran ante el juez por poner las urnas el 9-N / A. BERTRAN / VÍDEO: M.TUDELA / C.FAJARDO

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J. G. ALBALAT / JOSE RICO / BARCELONA

Joana Ortega e Irene Rigau escribieron este martes el prólogo del gran capítulo de la judicialización de la consulta del 9-N, que se pondrá negro sobre blanco este jueves con la insólita declaración ante el juez de un presidente de la Generalitat. Las otras dos miembros del Govern imputadas marcaron la senda que presumiblemente seguirá también Artur Mas. En defensa propia, esgrimieron que el Ejecutivo catalán se desentendió de la organización del 9-N original en cuanto el Tribunal Constitucional (TC) lo prohibió. La exvicepresidenta y 'exconsellera' de Governació asumió en persona la responsabilidad del «proceso participativo» que sustituyó a la consulta, aunque dejó claro que las riendas quedaron en manos de los 42.000 voluntarios. La mezcla entre justicia y política se evidenció durante la jornada en dos gestos: la negativa de Ortega y Rigau a contestar a las preguntas de la fiscalía, parte querellante, y la nota del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de inusual dureza, denunciando haber sido víctima de un «ataque a su independencia» por las concentraciones de apoyo a las imputadas frente al Palau de Justícia de Barcelona.

Ortega y Rigau desairaron a la Fiscalía Superior de Catalunya en protesta por el cambio de criterio que le llevó, en 48 horas, de juzgar que no había delito en el 9-N a presentar una dura querella por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por indicación de la Fiscalía General del Estado. Un desaire que Mas prevé imitar mañana. Solo contestaron al juez del TSJC, Joan Manel Abril, y a sus defensas, Rafael Entrena en el caso de Ortega y Jordi Pina en el de Rigau.

Ambas pidieron la palabra al magistrado para una intervención propia casi calcada. «Asumo la responsabilidad de la organización del proceso participativo del 9-N, tanto por lo que respecta a mis actos personales, como por los de mis subordinados», afirmó Ortega ante el juez, en la única idea que le distinguió de Rigau. Ambas se aferraron al mandato del Parlament y a las competencias estatutarias en materia de consultas populares para justificar que, una vez prohibida la consulta original, la Generalitat decidiese impulsar, que no organizar, un 9-N alternativo. «Di órdenes de parar inmediatamente todos los expedientes económicos y todas las actuaciones administrativas vinculadas con la consulta», aseveró Ortega. «Cuando el TC dictaminó, paramos máquinas», metaforizó Rigau ante el magistrado, según explicaron fuentes judiciales.

SIN INSTRUCCIONES

Como ejemplos de que no existió voluntad de desobediencia, tanto la exnúmero dos del Govern como la titular de Ensenyament alegaron que no dieron nuevas instrucciones relacionadas con la consulta tras la resolución del Constitucional. Y recordaron que el alto tribunal no contestó a los requerimientos de la Generalitat para que aclarase el alcance de la prohibición, por lo que no quedaba claro qué actos podían llevarse a cabo y cuáles no.

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La exvicepresidenta afirmó que si informó del resultado de la consulta alternativa fue porque la Generalitat lo consideraba un «hecho muy relevante» y la 'consellera' reconoció que su departamento se reunió con los directores de los institutos a solicitud de estos, pero no para darles instrucciones sobre el 9-N, sino solo para informarles de que sus centros podrían ser usados como puntos de votación. Y para dar solidez a su argumento, Rigau expuso que la directora de un colegio de L'Hospitalet se negó a ceder su centro para el 9-N, y que la Generalitat en ningún momento le obligó a hacerlo pese a que se trataba de un espacio de titularidad pública.

REPRIMENDA JUDICIAL

La declaración de Ortega y Rigau se convirtió en un acto de 'autoinculpación' colectiva del Govern y las fuerzas partidarias del 9-N, que acompañaron unidas a las imputadas hasta el juzgado, donde también acudieron medio millar de manifestantes. Un acto de apoyo a las imputadas que, según el TSJC, tenía por objeto «cuestionar la legitimidad de los jueces e influir en su toma de decisiones», y que es «inadmisible» por estar «favorecido, diseñado y encabezado» por miembros del Govern y dirigentes políticos. «Pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política», zanjó el tribunal 48 horas antes de una movilización similar, quizá corregida y aumentada, en apoyo a Mas.