El Gobierno central y el PP salen en bloque a defender la querella

Firmes en su opinión. Tanto el Gobierno central como el PP en su conjunto defendieron este martes la querella contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por la consulta alternativa del 9-N. Lo hicieron amparándose en la separación de poderes para desvincular las imputaciones de cualquier orden política y atribuirlo todo a una cuestión judicial. Nada tuvo que ver con ellos, adujeron. «Vulnerar la ley es liquidar la convivencia. Si no, vamos al siguiente extremo, que es el Oeste», afirmaron fuentes del Ejecutivo popular. El mismo Gabinete avisó de que los actos de apoyo ante el juzgado y en las plazas dejan a los pies de los caballos el Estado de derecho y perjudican a la imagen de España. «¿Se imaginan un ministro delante del Tribunal Supremo encabezando una manifestación? Saldríamos en los telediarios de todo el mundo», puso como ejemplo.

Fueron varios los cargos conservadores que salieron a defender la querella. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo un alegato a favor de la «independencia de la justicia» y atacó a los soberanistas afirmando que «a algunos no les agrada que los tribunales actúen al margen de la política». La misma tesis que defendieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y Xavier García Albiol, aunque este la aderezó con su duro lenguaje.

Para el primero, no hubo ningún comportamiento excepcional por parte de la fiscalía superior de Catalunya, que actuó «bajo el principio de unidad y jerarquía interna» a la hora de interponer la querella. Según el candidato del PPC en el 27-S, el Govern de Mas hizo «un espectáculo poco gratificante», un «numerito», al desfilar con Rigau y Ortega a la puerta del juzgado. Lejos de moderar el tono contra el soberanismo, el dirigente conservador trató de contentar al ala más dura de su electorado y no dudó en lanzar mensajes como este otro: «La señora Rigau no está imputada por defender la democracia y dar voz al pueblo, sino por desobediencia, prevaricación y malversación. Es como a un conductor que va 200 por hora, no se le multa por conducir. Se le multa por circular demasiado rápido». En definitiva, una nueva defensa de la separación de poderes a la que también recurrió Inés Arrimadas.

"POLÍTICOS DEL SIGLO XXI"

La líder de Ciutadans en el Parlament insistió en la idea de que no hay nadie por encima de la ley, y menos «los políticos del siglo XXI», qu deberían ser «los primeros» en cumplir las normas. A partir de ahí, lanzó otra cuota de electoralismo y, en la línea de la pasada campaña, aprovechó para atacar a Lluís Rabell (Catalunya Sí que es Pot) y Ramon Espadaler (Unió) por haber acudido al acto de apoyo a Rigau y Ortega ante los juzgados. A ambos les conminó a aclarar si están de acuerdo en que los políticos «pueden hacer lo que quieran», en alusión a la consulta del 9-N, aunque a la vez mostró «respeto» por las personas que se manifestaron en apoyo a las imputadas.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en cambio, se pronunció a la inversa que Arrimadas. Aunque llamó a «respetar» las sentencias y avisó de que su partido no irá a «asaltar las prisiones» si hubiera una condena en ese sentido, el líder de los socialistas catalanes consideró que el proceso del 9-N no debería haberse «judicializado». Sin embargo, se mostró en contra de las manifestaciones de apoyo a los imputados porque «cualquier cosa que pueda ser interpretada como un intento de condicionar la justicia no es propia». «En un Estado de derecho hay que dejar que los poderes hagan su trabajo», aseveró.