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EL ÚNICO PRESIDENTE DEMOCRÁTICO EJECUTADO EN EL SIGLO XX

Pasión y muerte de Companys

ANDREU FARRÀS

Ficha policial del president Lluís Companys.

Ficha policial del president Lluís Companys. / ARCHIVO VARELA

La cuenta atrás de Lluís Companys Jover empezó en febrero de 1939, cuando las tropas franquistas alcanzaron sus últimos objetivos en Catalunya y llegaron hasta la frontera francesa, en El Pertús. Ante el avance de los rebeldes, Companys tenía la intención inicial de esperar su llegada a Barcelona en el despacho presidencial del Palau de la Generalitat. Eso habría acabado con su muerte segura y sus asesores le recomendaron que se exiliara como otros muchos mandatarios de la Segunda República. Al igual que Manuel Azaña, Juan Negrín y el lendakari José Antonio Aguirre, el president huyó a Francia a través de la collada de Lli, cerca de La Vajol, en el Alt Empordà.

Companys se refugió primero en Saint Germain-en-Laye, después en París y finalmente en La Baule-les Pins, en Bretaña, acompañado por su segunda mujer, Carme Ballester, y un sobrino de esta, Francesc.

La historia de Europa, sin embargo, se confabuló contra el destino de Companys. Siete meses después de que él y sus familiares se instalaran en Francia, estalló la segunda guerra mundial. En junio de 1940 la cruz gamada desfilaba victoriosa por París. Los amigos aconsejaron entonces al president que marchase a México, donde vivía su hija Maria. Pero él siempre respondió que no lo haría hasta que encontrara a su hijo Lluïset, desaparecido al ser evacuada la clínica psiquiátrica bretona en la que se hallaba ingresado. Sufría una grave esquizofrenia. Companys no llegó a saber jamás qué suerte corrió su hijo. Pero la policía franquista sí conoció dónde se refugiaba Companys. El 13 de agosto de 1940, siguiendo informaciones facilitadas por el policía español Pedro Urraca Rendueles, un grupo de seis militares alemanes le detuvo en su domicilio, junto a su sobrino Francesc. El president sería fusilado dos meses y dos días después. Antes de llegar al patíbulo, sería conducido a Madrid, previo paso por la Santé de París, el fuerte de Hâ de Burdeos, Hendaya e Irún.

En Madrid, Companys permaneció recluido durante cinco semanas en los temibles calabozos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol (actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid). Sin ninguna ventana con luz solar, sus vigilantes le torturaron y humillaron. Le exhibieron ante algunos jerarcas falangistas como si fuera un animal de feria. Le escupieron y lanzaron cacahuetes, monedas y mendrugos de pan.

El 3 de octubre fue finalmente trasladado a Barcelona. A su paso por Zaragoza pudo ponerse en contacto con una de sus tres hermanas, Maria de l'Alba, que residía en la capital aragonesa. Al llegar a Barcelona fue recluido provisionalmente en un local provisional de la Jefatura Superior de Policía y, al cabo de pocas horas, en el castillo de Montjuïc, el bastión que desde hacía décadas constituía el símbolo por antonomasia de la represión borbónica de las reivindicaciones catalanistas e izquierdistas y cuyos muros se convirtieron, tras el golpe del 18 de julio, en el paredón de centenares de «enemigos de la República».

Justicia al revés

Franco fundamentó su decisión de que Companys fuese sometido a un consejo de guerra sumarísimo y ejecutado en los bandos que implantaron la ley marcial en julio de 1936. En estos decretos, los sublevados dispusieron que se aplicaría el código de justicia militar a todos los que se opusieran al alzamiento. «La justicia al revés», como lo calificaría lustros después el propio Ramón Serrano Suñer, activo ministro pronazi de Franco. «Fue un error atribuir delitos de rebelión y sedición a los defensores del Gobierno republicano, dado que estos -jurídica y hasta metafísicamente- era imposible que los cometieran», admitió el cuñadísimo del caudillo. Una demostración de que el cumplimiento de la legislación vigente no es incompatible a veces con la participación en una auténtica farsa.

Companys renunció a un abogado. Era jurista y quería defenderse él solo de las acusaciones. Pero la autoridad castrense le impuso uno de oficio. Militar, por supuesto. El designado fue un capitán de artillería barcelonés, Ramón de Colubí, que se había sublevado el 19 de julio de 1936 y fue encarcelado, juzgado y condenado a muerte en Montjuïc. Salvó la vida por uno de los numerosos intercambios de presos que hubo entre los dos bandos a lo largo de la guerra. Su hermano, militar como él, no tuvo tanta suerte y sí murió por disparos de  militantes de la FAI en julio de 1936.

El consejo de guerra de Companys empezó el 14 de octubre a las 10 de la mañana. Aunque se anunció «audiencia pública», se celebró en el más completo secreto. Ningún medio de comunicación pudo informar de nada. Los accesos a la montaña de Montjuïc estaban rigurosamente controlados por la Guardia Civil. Y a los soldados de reemplazo que servían en la prisión y la batería de costa del castillo les fueron anulados todos los permisos. La mayoría de los 150 asistentes a la única jornada del juicio eran militares, policías, agentes de los servicios de información del Gobierno y un puñado de periodistas de confianza.

Companys entró en la sala del juicio en medio de una gran expectación, andando lentamente, vestido con traje gris, camisa blanca y, como ya era tradicional en él desde su juventud, un pequeño pañuelo blanco de cuatro puntas en el bolsillo superior de la americana, una prenda que en los años 20 identificaba a los bohemios que frecuentaban el Paral·lel. Calzaba los mismos zapatos estivales de lona blanca del día en que había sido detenido por los nazis; el calzado escondía unos pies lastimados por los castigos que sufrió en los calabozos de Madrid.

La vista oral duró menos de una hora. En este tiempo fue leído el extenso apuntamiento, aunque el sumario era breve, así como una pieza con los testimonios de Manuel Brabo Montero, un policía responsable de identificar y detener a los «rojo-separatistas» durante la posguerra, y Joaquín María Balcells, médico que había sido condenado por «alta traición» por las autoridades republicanas en la contienda. También fueron leídos informes de diferentes jefes locales de la Falange, algunos de ellos relativos a la vida privada del encausado. Estos últimos indignaron a Companys, que interrumpió al relator: «Protesto. Lo que acaba de leerse es falso y canallesco».

Tras un breve receso, el fiscal acusó al president de «adhesión a la rebelión militar» y solicitó del tribunal la pena de muerte para el encausado. El defensor alegó que Companys nunca había amparado ningún delito común, durante su mandato; que siempre evitó sufrimientos a los detenidos y encarcelados, y que había sido fiel a sí mismo y a su ideología al continuar siendo presidente de la Generalitat tras la derrota republicana. Por ello, solicitó que se le impusiera la pena de 20 años y un día de prisión.

Al preguntar el presidente del tribunal al reo si deseaba hablar, Companys se declaró responsable de su actuación pública y asumió la gestión de todos sus colaboradores antes, durante y después de la guerra. «La historia nos juzgará a todos en nuestra intención», concluyó, persuadido ya entonces de que estaba hablando para aquella y no para el tribunal.

El consejo de guerra acabó a las 11 de la mañana. El tribunal, compuesto por siete generales, condenó por unanimidad a Companys a la pena de muerte. La sentencia, confirmada por el capitán general, Luis Orgaz, se cumpliría al alba del día siguiente. A las seis de la mañana, Companys fue conducido al foso de Santa Eulàlia en una comitiva encabezada por un soldado con un crucifijo. Al lado del president, dos sacerdotes y su defensor. La noche anterior había oído misa y comulgado, antes de compartir una botella de champán con De Colubí; era una de sus últimas voluntades.

El pelotón de ejecución estaba compuesto por soldados de reemplazo. El president rechazó que le vendasen los ojos y lo pusieran de espaldas al pelotón. Se descalzó y, antes de caer acribillado, gritó con firmeza: «Per Catalunya!». El jefe del pelotón, el brigada de la Policía Armada Benjamín Benet Blanch, tuvo que disparar varios tiros de gracia al temblarle  el pulso. Intentó quedarse con el pañuelo del ejecutado, pero un capitán de la Guardia Civil se lo impidió.

Los restos de Companys fueron enterrados por sus hermanas Ramona y Neus en el cementerio de Montjuïc. La noticia de su muerte burló censuras, amenazas y silencios, y corrió por todo el mundo. Franco había cometido un crimen de Estado. Mató a un hombre de 58 años sin saber que hizo nacer un símbolo.

Durante los casi 40 años de la democracia surgida tras la dictadura, la mayoría de los partidos catalanes han solicitado al Gobierno español la anulación del consejo de guerra que sentenció a Companys. Ningún Ejecutivo español de la UCD, PSOE y PP se ha atrevido a promoverla. 

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