La Fiscalía Superior de Catalunya no ve "intencionalidad política" en la fecha de citación a Mas

La Fiscalía Superior de Catalunya no cree que haya "intencionalidad política" en la fecha fijada por el magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para interrogar a Artur MasArtur Mas, el próximo 15 de octubre, y considera que relacionarla "con presiones de otros poderes del Estado e incluso con connotaciones históricas (coincide con el 75º aniversario del fusilamiento de Lluís Companys), atenta gravemente contra la independencia del Poder Judicial y contra el propio sentido común".

Así lo ha transmitido este miércoles, a través de un comunicado, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, para salir al paso del alud de reacciones que provocó la imputación del 'president' en funciones.

En su nota, el ministerio público exige "respeto a la independencia judicial" y considera que habría sido "poco sensato" que el juez que investiga el 9-N hubiera interrogado a Mas en plena campaña "como alguna parte pedía", por lo que ve adecuado que el TSJC haya respetado el "proceso electoral" y le haya imputado tras el 27-S.

Según la Fiscalía, la fecha elegida por el instructor "ha respondido adecuadamente tanto a la necesidad de recoger un mínimo de evidencias sobre los hechos objeto de la investigación como al respeto al reciente proceso electoral".

REUNIÓN DE LA DEFENSA

Por otra parte, el abogado de Mas, Xavier Melero; de la exvicepresidenta Joana Ortega, Rafael Entrena; y de la consellera Irene Rigau, Jordi Pina, se han reunido este miércoles para organizar la defensa de los imputados. Respecto a la comparecencia de Mas, aún no está claro si será en los juzgados o en su despacho. Existe un debate abierto en el seno de CDC sobre la conveniencia de uno u otro lugar.

Fuentes conocedoras del encuentro aseguraron a este diario que la estrategia de defensa está diseñada desde que la Fiscalía presentó la querella. Pasa por la negación de que los encausados hayan cometido delito de desobediencia, ya que respetaron "en todo momento, la normativa aplicable, en una actuación políticamente comprometida e institucionalmente responsable", según se expone en el recurso contra la admisión de la querella. A su entender, el Constitucional abortó la celebración de la consulta y, en su lugar, se realizó un "proceso participativo", que se llevó a cabo de manera "pacífica y democrática". Por lo tanto, añaden, no existió "desobediencia grave", como afirma la Fiscalía.

La defensa también destaca la inexistencia de un mandato preciso del Constitucional y de una negativa "abierta, reiterada y contumaz" a dar cumplimiento a la resolución de TC, como exige el Código Penal para apreciar el delito de desobediencia.