LAS ELECCIONES DEL 27-S

Margallo respalda a Rajoy: "Los catalanes en absoluto podrán mantener la nacionalidad española"

"Cuando uno sale de un país abandona todos los atributos que le da la pertenencia a ese país", insiste el ministro

Fuentes de la Moncloa señalan que el Gobierno deja esos debates "a los académicos"

El ministro Margallo habla con los medios, este miércoles en Barcelona. / ACN

El ministro Margallo habla con los medios, este miércoles en Barcelona.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un momento de la entrevista.

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El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, ha afirmado este miércoles que los catalanes "en absoluto" podrán mantener la nacionalidad española si Catalunya se independiza del resto de España. Margallo respaldaba así las polémicas palabras que pronunció ayer Mariano Rajoy, que fue luego corregido por el periodista de Onda Cero Carlos Alsina, quien le recordó al presidente que el artículo 11.2 de la Constitución afirma que la nacionalidad española no se pierde.

En declaraciones a los periodistas antes de dar una conferencia a puerta cerrada en Barcelona, Margallo ha insistido: "Cuando uno se sale de un país abandona todos los atributos que le da la pertenencia a ese país. Decir esto --que podrían mantener la nacionalidad española-- es una ocurrencia que no sé quien ha dicho".

"Si se aspira a una república independiente de siete millones y medio de personas, es absurdo que todos tengan la nacionalidad española. Si uno se va, se va. No se va para quedarse con unos atributos y con otros no", ha reflexionado el ministro.

El ministro de Exteriores sale así al paso de la polémica desatada este martes por Rajoy, que apuntó que los catalanes perderían la nacionalidad española y europea si Catalunya se independizaba. Fue entonces cuando Alsina le recordó que, según señala la Constitución, los catalanes no perderían esa nacionalidad si manifestaban su voluntad de conservarla porque, reza el artículo, "ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad".

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Margallo se ha remitido a la Constitución de Cádiz de 1812 para argumentar que los ciudadanos de América Latina perdieron la nacionalidad española cuando sus países se independizaron de España. Y ha continuado con el caso de Argelia: "Lo mismo pasó con los argelinos con Francia, que perdieron la nacionalidad francesa y europea cuando se independizaron".

El jefe de la diplomacia española ha reiterado que, si ganan las fuerzas independentistas el 27-S, una declaración unilateral de independencia "no tiene cabida en la Constitución española, igual que no tiene cabida en ninguna de las constituciones del mundo. Por tanto, (la DUI) no tendrá efectos jurídicos ni sería reconocida ni por la Unión Europea ni por la ONU. Esto dejaría a Catalunya en una situación muy complicada", ha añadido.

Fuentes de la Moncloa no han querido abundar en estos dos antecedentes que cita Margallo y han repetido la idea que lanzó Rajoy cuando el martes se quedó sorprendido ante los argumentos que blandió el periodista: "El Gobierno no va a a entrar en disquisiciones que no llevan a ninguna parte", han dicho 24 horas después de la polémica entrevista, informa Pilar Santos. "El presidente en lo que está es que ese escenario de independencia no se dé. Estos debates se los dejamos a los académicos", han añadido estas fuentes que sí han querido señalar el ejemplo de Kosovo como "antecedente más reciente". "Son kosovares, no serbios, pero la comunidad internacional no los han reconocido así que no tienen pasaporte", explican desde la Moncloa.

EL CASO DE KOSOVO

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El Parlamento de Kosovo proclamó unilateralmente su independencia de Serbia en el 2008 con el importante respaldo de EEUU. En estos años solo ha conseguido que un tercio de los 192 países que integran la ONU reconozcan su soberanía. En la Unión Europea este asunto volvió a mostrar sus fisuras políticas, ya que 22 dieron la bienvenida al nuevo Estado, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, mientras que otros, como España, se negaron a hacerlo.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presionó en aquel momento a sus socios europeos para que se dejara claro que el caso kosovar no sentaba ningún precedente y que cada miembro de la Unión tenía libertad "de acuerdo a sus procedimientos nacionales y el derecho internacional sobre sus relaciones con Kosovo".