¿Cobraremos la pensión?

Los datos económicos hablan por sí solos: en Catalunya, el desfase entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones es algo menos peligroso que en el conjunto del Estado. Pero la coyuntura política también cuenta. En un contexto de no colaboración del Estado español con la independencia podría haber problemas para el pago inmediato de las pensiones ya reconocidas y también para calcular las prestaciones de los actuales cotizantes, que se tendría que hacer a tanto alzado.

Ambas conclusiones están explícitas en el capítulo 'La Seguretat Social catalana' del 'Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya', editado por la Generalitat, y son compartidas tanto por economistas defensores de la secesión como por los detractores.

Estos últimos añaden, además, un matiz importante. Nadie puede garantizar que la economía de una Catalunya fuera del euro pueda conservar los niveles de crecimiento, comercio, empleo y demografía actuales, opina el economista Ángel de la Fuente, autor del sistema de cuentas territorializadas que publica el Ministerio de Hacienda.

Y si crece menos y tiene menos empleo, Catalunya tendrá más difícil pagar sus pensiones. Si por el contrario es más próspera (como auguran los independentistas), se podrá ver cumplida la promesa que la Assemblea Nacional Catalana. «¡Con el Estado propio !incluso podríamos mejorar las prestaciones sociales!», proclama la ANC en sus folletos.

Lo que parece indiscutible, en todo caso, es que la incertidumbre sobre las pensiones dominaría en los primeros pasos de una Catalunya independizada. En su libro blanco, la Generalitat explica que para estos primeros escollos Catalunya podría echar mano de lo que ahora es su déficit fiscal (los impuestos que paga de más al Estado sobre lo que recibe), que, en un contexto de independencia, formaría parte de un hipotético superávit de sus cuentas.

Con datos oficiales procedentes de la Seguridad Social, desde 1995 hasta el 2010 la diferencia entre lo ingresado por cotizaciones sociales procedentes de Catalunya y el pago de prestaciones contributivas (jubilación, invalidez permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares) solo fue negativa en cuatro años. En el conjunto del Estado durante este periodo sucedió casi lo inverso: solo en cinco años se ingresó más de lo pagado.

«En un sistema de reparto, las pensiones las pagan las personas que trabajan en ese momento. Y en Catalunya, el número de trabajadores por cada jubilado es mayor. También los salarios son más altos. Por lo tanto, ser jubilado en una Catalunya independiente tendría un horizonte más boyante que en el conjunto del Estado. Mienten quienes dicen lo contrario. Otra cuestión es el reto del envejecimiento, que es común en todos los países desarrollados y que no tiene nada que ver con la cuestión de la independencia», afirma el doctor en Economía Modest Guinjoan, coordinador del libro 'Economia de Catalunya', subtitulado 'Preguntes i respostes sobre l'impacte econòmic de la independència'.

Inyección del presupuesto

En el 2012, último ejercicio sobre el que se han calculado las cuentas territorializadas (y uno de los más duros de la crisis económica), Catalunya tuvo un déficit en su sistema contributivo de 2.445 millones de euros (el 12,2% de su gasto total en pensiones). El agujero en el conjunto de España fue de 16.541 millones (el 15,3% del gasto). Ese año, solo Madrid, Canarias y Baleares tuvieron superávit en el sistema.

Cuando hay déficit en el sistema contributivo, la diferencia se cubre con dinero de impuestos y del fondo de reserva. Los partidarios de la independencia explican que, en un entorno de colaboración con el Estado, la parte del fondo de reserva al que podría acceder Catalunya (lo estiman del 15,9%) bastaría para cubrir el agujero (reportaría unos 6.200 millones). En caso contrario -dicen-, se podría echar mano del superávit fiscal, cuya estimación oscila entre los 15.006 millones que cifra la Generalitat y los alrededor de 7.000 millones de media que se desprenden de las cuentas territorializadas.

Este remanente, según la Generalitat, también costearía la llamada Agència Catalana de la Seguretat Social. El libro blanco cifra los costes de personal de la nueva agencia (130 millones de euros) pero no los del sofisticado sistema informático que se precisa.