PREGUNTAS SOBRE LA INDEPENDENCIA / 2

¿Quién impartirá justicia?

Los expertos consultados consideran que una declaración unilateral de independencia causaría un éxodo masivo de jueces y fiscales que condenaría al «colapso» a la justicia catalana, lo que acarrearía perniciosos efectos para los ciudadanos.

Juicio en la Sala del Jurado de la Audiencia de Barcelona.

Juicio en la Sala del Jurado de la Audiencia de Barcelona. / DANNY CAMINAL

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JESÚS G. ALBALAT

La Generalitat de Catalunya tiene en estos momentos un amplio abanico de competencias en administración de justicia, desde medios materiales y humanos (paga a los funcionarios) hasta las prisiones. Sin embargo, no están bajo su tutela ni los jueces, ni los fiscales, ni los secretarios judiciales, que dependen del Estado, ni la organización de la justicia. La declaración unilateral de independencia comportaría desconcierto, según los juristas consultados por este diario. De manera transitoria se deberían aplicar las leyes españolas y catalanas vigentes (Derecho Civil Catalán) hasta que se aprobaran normas propias.

A partir de la independencia dejarían de tener jurisdicción en Catalunya los órganos judiciales estatales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional) y sus competencias habrían de ser asumidas por Catalunya. La organización actual de la Administración de justicia podría permanecer intacta, con excepción del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que debería adecuarse a la nueva situación, aunque con pocos cambios. Entre estos, debería considerarse la división de la sala civil y penal en dos, una para cada jurisdicción, así como la creación, eventualmente, de una sala de amparo de derechos fundamentales y otra de casación para los recursos. También se habría de constituir un órgano de gobierno de los jueces que sustituyera al Consejo General del Poder Judicial.

«Aunque el ordenamiento jurídico procesal y material seguiría vigente hasta su sustitución por la nueva legislación, uno de los problemas que podría producirse es el éxodo masivo y simultáneo de jueces, fiscales y secretarios -indica el catedrático Jaume Alonso-Cuevillas-. Aunque podría cubrirse con nuevas plazas, produciría una situación de colapso, hecho especialmente grave habida cuenta la saturada situación de la Administración de justicia». Desde la Generalitat se apunta, sin embargo, que las vacantes se cubrirían con las bolsas de sustitutos e interinos.

Funcionarios estatales

Diego Villafañe, vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), también apunta a ese posible éxodo y alerta de «las inciertas y aciagas consecuencias para la Administración de justicia catalana» que conllevaría la declaración de independencia. «La incógnita del número de jueces, fiscales y secretarios judiciales que permanecerían ocupando sus destinos en Catalunya, renunciando, así, a su plaza estatal, supone un interrogante de previsibles consecuencias perniciosas». Para este fiscal, «una diáspora o partida masiva» comportaría la necesaria contratación de personal interino, sustituto o, incluso, personal no cualificado, para ejercer «unas funciones básicas de un Estado democrático de derecho» que desempeñan ahora funcionarios titulares y con experiencia.

Emilio Frías, de la Asociación de Fiscales, afirma que «una declaración unilateral de independencia no está prevista en el ordenamiento jurídico» y que si esta se produjera «los jueces harían caso omiso porque carecería de validez jurídica. Los magistrados deberían seguir aplicando el ordenamiento y las leyes españolas y catalanas vigentes». «La magistratura es garantía de convivencia», insiste.

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Tomàs Gui, presidente de la sección de Derecho Constitucional del Col·legi d'Advocats de Barcelona, asegura que, primero, debería aprobarse una Constitución catalana que recogiera la organización judicial propia y las funciones del Tribunal Superior y del Tribunal de Garantías Constitucionales. «Los problemas de tramitación judicial serían importantes. ¿Qué pasaría con los asuntos en marcha, los jueces, el sistema de recursos?», se pregunta el abogado. «No hay nada previsto», afirma.

Para el catedrático Jordi Nieva, hay que «obrar con extrema prudencia», ya que «en todo servicio esencial que afecta a derechos fundamentales, como es el caso, el ciudadano no tiene que notar cambio alguno en el reconocimiento judicial de sus derechos, puesto que los mismos no pueden depender de circunstancias políticas coyunturales».