Morenés sacude la campaña al aludir al papel del Ejército

Soraya rectifica al titular de Defensa y afirma que no está prevista ninguna intervención

El ministro dice que «si todos cumplen con su deber» no hará falta una acción militar

Una foto de Pedro Morenés de 2015, cuando era ministro de Defensa. 

Una foto de Pedro Morenés de 2015, cuando era ministro de Defensa.  / EFE / VÍCTOR LERENA

Se lee en minutos
XABIER BARRENA / BARCELONA

Como el Gordo de Navidad, la mención al Ejército en la previa de las elecciones del 27 de septiembre tenía que salir. Hace meses, cuando el proceso soberanista inició su andadura, no faltó la pertinente mención, a modo de espantajo. Y como dicen los expertos loteros cuando la bola del primer premio asoma temprano, la amenaza de una intervención militar en Catalunya no se hizo esperar. Una amenaza que no por formularse en sentido inverso se puede tildar de sutil. A lo sumo, de más anglosajona. «Si todo el mundo cumple con su deber, no hará falta ningún tipo de actuación» de las Fuerzas Armadas, respondió el ministro de Defensa, Pedro Morenés, al ser preguntado por el papel del Ejército en el caso de una eventual proclamación de independencia de Catalunya. Como era esperable, todos los partidos, excepto el PP, vertieron tensos epítetos hacia la figura del ministro; adjetivos como «energúmeno» (Lluís Rabell, de Sí que es Pot) y «torpe» (Josep Antoni Duran Lleida, de Unió), por mentar a dos políticos no independentistas.

Las palabras del ministro se produjeron en una entrevista en RNE. Poco después, en el pasillo del Senado, el propio Morenés reformuló su sentencia, sin modificar el sentido: «Vamos a ver. Lo que he dicho es que todo el mundo en España está sometido a la ley», remachó. El artículo 8 de la Constitución española establece que «las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Algo que, sin duda, choca frontalmente con la hoja de ruta de Junts pel Sí para este 27-S.

Pese al sostenella y no enmendalla de Morenés, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, trató de calmar los agitados ánimos de los partidos catalanes y aseveró que «no hay ninguna perspectiva, ninguna previsión ni ninguna intención» de que las Fuerzas Armadas actúen en Catalunya. Eso sí, añadió que el Gobierno estaba «en que se cumpla la ley, no en otro tipo de intenciones».

El Govern y los partidos catalanes reaccionaron indignados. La vicepresidenta del Ejecutivo catalán, Neus Munté, respondió que «solo alguien que tiene miedo a la democracia, porque las elecciones como las que se van a celebrar el Catalunya son ante todo democráticas, puede hacer una afirmación de esas características». El conseller de Presidència, Francesc Homs, aseveró que «son afirmaciones que no son d'eixe món». «Y me ahorro el calificativo», añadió. Algo que no hizo Rabell, que a su exabrupto antes citado unió la calificación de «mercader de armas» a Morenés, por aquello de su relación laboral pasada con Instalaza, empresa de armamento que suministró las ahora prohibidas bombas de racimo a Muammar Gaddafi.

También incidió en esta relación el diputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que tildó al ministro de «insensato» y añadió que con esas declaraciones dejaba a entrever que «éticamente es una persona muy pero que muy low cost».

La interpretación más original de las palabras del ministro, con todo, la protagonizó la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, para quien las palabras de Morenés demuestran que el PP «sale a perder el partido» del 27-S, porque ya están pensando en «cómo reaccionarán» si ganan los independentistas.

Lo dicho por Morenés podría, incluso, enmarcarse dentro de una especie de ofensiva del Gobierno y los instrumentos de Estado. Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, usando un silogismo parecido al de colega en el Consejo de Ministros Morenés, señaló, ante una pregunta de CiU en el Senado sobre la reforma del Tribunal Constitucional, que dicha modificación solo puede preocupar a quien no tiene intención de cumplir las resoluciones del tribunal de garantías.

Noticias relacionadas

Incluso Mariano Rajoy, en una visita a la planta de Seat en Martorell, para dar la buena nueva de una inversión de 3.200 millones del grupo Volkswagen, subrayó que confiaba en el «sentido común de los españoles» para que el crecimiento económico que augura en España no se frene por lo que tachó de «incertidumbres políticas».

Y en la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, afirmó que al margen de la ley «no hay libertad, no hay democracia», sino que solo quedan «espejismos y, en definitiva, frustración». La campaña electoral se inicia en la medianoche del viernes.