El Govern evita personarse como acusación en el 'caso Urdangarin'

El pasado 5 de marzo, el Parlament aprobó, por 62 votos a favor y 66 abstenciones (las de los grupos de CiU y el PPC y la diputada no adscrita y exconsellera del PSC Marina Geli), una enmienda de una moción de la CUP en la que se pidió al Govern que se personara como «parte perjudicada» en el caso Palma Arenaque se instruye en Palma de Mallorca por el que están imputados la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. El objetivo de esta personación era impedir que se aplique a la hermana del rey la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si solamente es denunciado por la acusación popular y no por la fiscalía o la víctima del delito.

La iniciativa parlamentaria surgió de una plataforma llamada Grupo de trabajo contra la Corrupción, que había reclamado que la Generalitat debía personarse como perjudicada por delito fiscal dado que es «codestinataria del producto de la recaudación de tributos» porque tanto Cristina de Borbón como Urdangarín son personas residentes en Catalunya.

Seis meses después, la plataforma anticorrupción (en la que están, entre otros la plataforma XNet, el hasta ahora diputado de la CUP David Fernàndez, la federación de asociaciones de vecinos de Catalunya y la revista Cafè amb Llet) denuncia que no consta que el Ejecutivo de CiU haya emprendido esta acción de personarse en la causa. Consultado al respecto, el Govern confirma que no se ha personado porque el juez insturctor no les ha ofrecido hacerlo y porque para personarse debe existir un índicio de que se es parte perjudicada. En cambio el texto aprobado por el Parlament sí establecía que las arcas públicas eran perjudicadas.

La moción aprobada no establecía un plazo de cumplimiento, pero el reglamento del Parlament fija un plazo de cuatro meses (desde la publicación del acuerdo en el boletín oficial) para que el Govern «rinda cuentas» al respecto. Solo consta que se ha asignó el cumplimiento de la moción a la comisión de Bienestar. No ha habido más actuaciones.

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Este colectivo anticorrupción se propone ahora reclamar a los distintos partidos y coaliciones que concurren en las elecciones del 27-S que se pronuncien al respecto. Y por ello lanzará la campaña Persónamepara reivindicar el cumplimiento de lo aprobado por el Parlament. «Queremos que el Govern nos persone como es su obligación, para recuperar el dinero que es de todos y acabar con privilegios feudales y la impunidad de las élites», denuncian.

El grupo de trabajo consideró un agravio que ni la Agencia Tributaria ni el ministerio fiscal actuaran como acusación contra la infanta, «considerada por parte del propio juez instructor como cooperadora necesaria de los hechos constitutivos del presunto delito fiscal». «Exigimos a nuestros representantes que hagan su trabajo, ya que Hacienda somos todos». El caso Palma Arena es una macrocausa de 26 piezas, que tiene en el llamado caso Nóos (el nombre de la empresa de Urdangarín y Diego Torres) el principal foco de atención. Por este caso están imputados Iñaki Urdangarín, por hasta nueve delitos, y su esposa, la infanta Cristina.