LA REACCIÓN DE LA JUDICATURA

De juez a "policía sin uniforme"

Los togados tildan de "grotesca" la reforma del TC porque desborda las competencias del tribunal

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MARGARITA BATALLAS / MADRID

Cicerón decía que "todos los hombres pueden caer en un error, pero solo los necios perseveran en él". Y el PP parece dispuesto a caer en la misma equivocación una y otra vez. Esa es, al menos, la opinión de los expertos consultados por este diario sobre la reforma exprés del Tribunal Constitucional que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy para sancionar o suspender en sus funciones a Artur Mas si declara la independencia de Catalunya.

Luis Aguiar, catedrático de Derecho Constitucional, critica al Gobierno por eludir sus obligaciones y trasladar la cuestión catalana "a una mesa que ya ha dicho lo que tenía que decir". El alto tribunal ya ha anulado y declarado inconstitucionales la declaración del derecho a decidir y el 9-N. Por ello, según Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional, si se produjera un hecho nuevo habría que dictar una nueva sentencia. Y si este fallo no se acata, se podría recurrir a un incidente de ejecución que puede derivar en el inicio de un proceso penal por un delito de desobediencia.

Este magistrado sostiene, además, que la actual ley es suficiente. "No necesita ser modificada ni ampliada", apostilla. Y es que el artículo 95 de la vigente ley del Tribunal Constitucional faculta a este órgano a imponer "multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla" sus requerimientos y reiterar estas multas "hasta el total cumplimiento de los interesados sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que pudiera haber lugar".

La misma opinión es defendida por otras fuentes jurídicas, que tildan la reforma de "grosera y grotesca". Estas fuentes reprochan a Rajoy que, una vez más, utilice "de forma sectaria" a una "institución clave en el sistema democrático". Y que transforme a los jueces del alto tribunal "en policías sin uniforme".

Además, todos los expertos coinciden en descartar que una multa de 30.000 euros frene a Mas. No obstante, advierten de que detrás de esta ley se esconde "la incapacidad política de resolver una crisis institucional". Y la renuncia del Gobierno a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

"GOLPE DE ESTADO"

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La Carta Magna faculta al Ejecutivo a aplicar el artículo 155 que permite la suspensión de una comunidad autónoma si no acata la Constitución o las leyes. "El Gobierno, ante una declaración unilateral de independencia, puede hacer dos cosas: callarse o irse al 155, pero no trasladar el problema al Tribunal Constitucional, que está para otra cosa", explica Aguiar.

La misma opinión es defendida por otras fuentes jurídicas que insinúan que esta reforma puede ser "un golpe de Estado encubierto", ya que permitiría dejar sin mandatarios a una comunidad autónoma, pero esta seguiría vigente. Por ello, Aguiar no duda en calificar esta propuesta de "absurda".