Valencia, giro absoluto

Cambio de prioridades en Valencia. Tras veinte años de grandes fastos en la Generalitat valenciana, el gobierno bipartito de socialistas y Compromís ha puesto por delante en solo un mes de gestión el gasto social, al mismo tiempo que ha situado en la agenda diaria la reivindicación de una mejora de la financiación autonómica.

El nuevo presidente, Ximo Puig, ha llegado a tildar de "muro de la vergüenza" el 'no' sistemático del Ejecutivo del PP respecto a la revisión del modelo de financiación. Puig ha pedido una cumbre de presidentes autonómicos para abordar un nuevo modelo que permita seguir pagando los servicios básicos sin generar más deuda (40.000 millones de euros, en el caso de la Comunidad Valenciana) y ha avisado de que la situación es "insostenible". De no haber respuesta de Madrid, el Consell llevará al Ejecutivo central a los tribunales. La consejera de Justicia estudia ya la documentación para plantear una demanda "contra el incumplimiento de la Constitución y la ley de financiación de las comunidades autónomas".

BATERÍA DE MEDIDAS SOCIALES

La otra gran prioridad, la política social, la pilota la vicepresidenta, Mónica Oltra. El primer pleno del Consell aprobó iniciar los trámites para derogar el copago a discapacitados y dependientes; acordó realizar una auditoría de las concesiones sanitarias privatizadas y paralizó los desahucios de viviendas propiedad de la Generalitat. Además, el Gobierno valenciano se ha puesto al día con los pagos de ayudas a personas dependientes, de la renta garantizada de ciudadanía, los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, familias de acogida y otros colectivos "especialmente vulnerables". Son en total 36 millones de euros que proceden de créditos liberados por Hacienda "que antes iban para otras cuestiones", según explicó Oltra. También se han pagado 52 millones de euros correspondientes a los impagos en ayudas a vivienda social del anterior gobierno del PP.

Otra medida que ha tenido aceptación, sobre todo gracias a la presión que ejercieron las oenegés, ha sido la recuperación de la tarjeta sanitaria para 30.000 personas en situación irregular en la Comunidad Valenciana que les negó el Gobierno de Rajoy en el 2012. En sanidad, también se ha parado la demolición de la vieja Fe, hospital de referencia construido de nuevo en el otro extremo de la ciudad de Valencia, al considerar que es mejor rehabilitarlo y darle otro uso hospitalario.

PUGNA POR ANTICORRUPCIÓN

La corrupción fue una de las grandes banderas de la campaña del PSPV y Compromís, que gobiernan con el apoyo de Podemos. Pero es precisamente la creación de la Agencia Anticorrupción, fijada en el acuerdo, lo que está generando más tensiones. Podemos pretende liderarla y que dependa de las Corts, mientras que Compromís quiere que la asuma la consejería de Transparencia (un departamento que está a cargo de Iniciativa del Poble Valencià, partido de Oltra) y el PSPV, la de Justicia.

Mientras sigue la disputa a tres por ver quién se apunta el tanto de la tolerancia cero con la corrupción, el Consell ha paralizado la nueva tienda IKEA en Alicante al estar "bajo sospecha" de irregularidades. El empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos 'Brugal' y 'Rabassa', estaba detrás de esta operación urbanística.

Y en la línea de darle la vuelta al estilo del anterior gobierno, la nueva mayoría parlamentaria ha conseguido reabrir la comisión en el Parlamento autonómico sobre el accidente del metro ocurrido en el 2006. Puig y Oltra, además, han recibido a la asociación de víctimas como acto de desagravio y ya está en marcha el redactado de la futura ley autonómica de seguridad ferroviaria.