Enésimo carpetazo a la ley electoral catalana

Esta legislatura tampoco habrá ley electoral catalana. Los grupos parlamentarios han decidido este martes no elevar al pleno de la Cámara el borrador de la norma que habían aprobado ante la constatación de que no cuenta con la mayoría necesaria (90 diputados) para ser ratificado. Con ello, CiU, ERC e ICV-EUiA han renunciado a la posibilidad que habían planteado de someter a votación un texto que mantuviese intacto el sistema electoral actual, que es el eterno gran escollo de las negociaciones. Con este carpetazo, Catalunya seguirá siendo la única comunidad autónoma sin ley electoral propia, después de 36 años y con varios intentos de reforma que siempre han acabado en fracaso.

Cuando las negociaciones se bloquearon, Convergència, Esquerra e Iniciativa apalabraron una solución de emergencia: consagrar la fórmula vigente (derivada de la normativa estatal y basada en la Ley d'Hondt) y desbloquear las listas para que los electores puedan marcar candidatos preferentes en la papeleta de voto. Sin embargo, estas tres fuerzas necesitaban de un cuarto grupo para sacar adelante la reforma, y el PSC rechazó desde el primer momento avalar una norma que no implicase un cambio de sistema electoral. Cuando el anteproyecto pasó el primer trámite en el pleno, el diputado de CiU Lluís Corominas, aseguró que la ley se votaría con o sin acuerdo para retratar a los socialistas, pero finalmente los grupos han renunciado a ello.

A los socialistas les parecían insuficientes estos retoques y reclamaban que se incluyese en la nueva norma algún otro mecanismo que aumentase la proporcionalidad. Su preferencia era efectuar un escrutinio nacional de los votos en vez del actual recuento por circunscripciones, una propuesta que ICV-EUiA, PPC y Ciutadans veían con buenos ojos pero que CiU y ERC rechazaban de plano porque perjudicaría a Tarragona, Girona y Lleida en beneficio de Barcelona. La otra posibilidad que se puso sobre la mesa era actualizar el censo para corregir la asignación de escaños a cada provincia, que todavía se rige por el censo de 1979. Pero esta solución choca con el mismo agravio territorial.

Además, este enésimo fracaso de la ponencia supone convertir en papel mojado un borrador que incluía importantes modificaciones en la administración electoral catalana, así como medidas para reforzar la transparencia y fomentar la participación. El texto acordado creaba una Sindicatura Electoral Catalana, endurecía el régimen de incompatibilidades para los cargos electos, obligaba a los candidatos a estar censados en la circunscripción por la que concurriesen, imponía una rebaja salarial a los diputados que compaginasen el escaño con otras actividades, establecía el voto anticipado en los ayuntamientos, implementaba el envío conjunto de la propaganda electoral en aras de la austeridad y suavizaba los bloques informativos en los medios de comunicación públicos.