El Gobierno señala que el cisma le da la razón sobre el proceso

El Gobierno considera que el cisma que ayer vivió Convergència i Unió demuestra que sus peores augurios se han confirmado. Antes de que Ramon Espadaler hiciera el anuncio oficial, José Luis Ayllón, portavoz del Ejecutivo, señaló que la fractura de la federación es una muestra más de «la gran división que vive la sociedad catalana». «Nosotros lo dijimos en su momento. Temíamos que uno de los efectos que podía provocar todo este proceso liderado por Artur Mas iba a ser una gran división en términos generales y así ha sido. Lo primero en la sociedad y, ahora, en la propia CiU», declaró a este diario Ayllón, diputado del PP por Barcelona y también secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, el portavoz del Gobierno cargó contra el presidente de la Generalitat, «el elemento más destructivo de la política catalana de las últimas décadas». Pese al paso histórico dado por Unió, el Ejecutivo central no quiere celebrar la división en CiU y no se atreve a dar por muerto el proceso abierto hacia la independencia. «No diría que está en vías de defunción, pero está muy tocado por parte de todos los actores de la operación, ya que hay una falta de criterio común por parte de todos ellos», afirmó Ayllón.

LA ÚLTIMA OFENSIVA

La noticia -que se vio eclipsada en los corrillos del Congreso por los inminentes cambios en el Ejecutivo central- propició varias conversaciones entre los diputados de CiU y miembros del Gobierno, entre otras la que mantuvieron en una de las salas la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el diputado de Unió Josep Sánchez Llibre.

En los últimos meses, la tensión entre la Generalitat y la Moncloa por el proceso había bajado mucho, pero el pasado viernes, en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo lanzó una ofensiva ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de paralizar las llamadas estructuras de Estado de la Generalitat. Sáenz de Santamaría explicó que el recurso preparado por el Gobierno se dirige contra dos artículos y cinco disposiciones adicionales de la ley de medidas fiscales y financieras que acompañó a los Presupuestos y contra un precepto de esas mismas cuentas.

El PP, temeroso del salto de Ciutadans, va a aumentar la presión sobre la Generalitat cara las elecciones anunciadas por Mas para el 27 de septiembre.