Rivera apunta a la ANC

«Imposible es solo una opinión» es el lema con el que Albert Rivera remata el espot de Ciutadans para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. Impelido por los sondeos, el partido naranja no se pone límites en su reto de asaltar el tablero bipartidista y en esa estrategia ya busca ponerse a la altura del PP como azote del independentismo. Y para convencerse de que nada es imposible, Ciutadans está decidido a impedir la tercera demostración de fuerza de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que pretende llenar la avenida Meridiana de Barcelona la próxima Diada. La simple sugerencia de ello ya ha alineado en contra a todo el resto de partidos, incluido el PP.

El primer dardo lo lanzó el lunes la alcaldable de Ciutadans por Barcelona, Carina Mejías, al asegurar que si fuera alcaldesa pondría «todos los impedimentos posibles» a la ANC. La candidata se movió en el alambre, pues planteó erradicar de la ciudad actos que llamen a la «confrontación» -entre los que no incluyó los actos del 12-O o del Día de la Constitución- aunque sin limitar el derecho de manifestación y «dentro de la legalidad».

Rivera trató de puntualizar, que no rectificar, estas palabras y sostuvo que el acto de la ANC podría ser ilegal por coincidir con el primer día de campaña electoral autonómica. Y por eso no descarta, llegado el momento, impugnarlo ante la Junta Electoral. «Es evidente que este es el Govern de la ANC. Podemos jugar a los Reyes Magos, pero todos sabemos quién les da apoyo y a quién dan apoyo. No es un acto neutral y se hace en plena campaña», justificó Rivera, que emplazó a la Junta Electoral a actuar si el acto se financia con dinero público.

Criterio antidemocrático

Tras un aluvión de críticas al que se sumó el PPC -reprochando a Ciutadans que saque ahora el látigo y en cambio no apoyase la querella contra Artur Mas-, el Govern arremetió contra Rivera por «aplicar un criterio que es cualquier cosa menos democrático y legal», según el 'conseller' de Presidència, Francesc Homs. «La ley ampara poder expresarse y manifestarse de forma pacífica», proclamó. Estas declaraciones contrastan con las de la vicepresidenta Joana Ortega, en su día, respecto a la movilización del 15-M en la plaza de Catalunya, a las puertas de las municipales del 2011. Ortega avisó entonces de que si la Junta Electoral declaraba ilegal la acampada, el Govern procedería a su dispersión en la jornada de reflexión. Algo que finalmente no ejecutaron los Mossos ese día, sino unos días después de los comicios, con sonora controversia por los excesos de la policía durante el desalojo.