Representantes sin control

Si un diputado miente sobre las actividades privadas que lleva a cabo, no pasa nada. Si dice la verdad en un primer momento, pero después amplía sus dedicaciones extraparlamentarias y se descubre que no lo ha declarado a la comisión que vigila este apartado (como ocurrió a principios de esta semana, cuando la Cadena Ser informó de que Agustín Conde, del PP, había fundado una empresa sin obtener previamente el visto bueno del Congreso), tampoco hay sanción.

Al partido del Gobierno le parece bien este sistema de supuesto control de los parlamentarios, por el que deben rellenar un formulario a principios de legislatura explicando a qué se dedican más allá de su escaño. Esos datos no se comprueban en ningún caso por parte de la comisión del estatuto del diputado, que se reúne a puerta cerrada y después eleva un dictamen al pleno de la Cámara baja, que suele dar el visto bueno por asentimiento. El proceso, admiten miembros del organismo que vela por las compatibilidades de los representantes, es un "mero trámite", pero desde que trascendió el caso del conservador Vicente Martínez-Pujalte, que llegó a cobrar a través de su despacho 5.000 euros al mes por asesorar verbalmente a una constructora, y después el de Conde, el PP se ha movido entre defender que hay que dejar como está la regulación de las compatibilidades y proponer relajarla para atraer a "los mejores" a la política.

LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

Se supone que la dedicación de los diputados, como la de los senadores, es absoluta, pero en la práctica a los representantes se les permite llevar a cabo actividades privadas de todo tipo, siempre que estas no entorpezcan su labor parlamentaria ni trabajen o cobren de ninguna administración pública.

Si se descuenta la participación en medios de comunicación y el formar parte de fundaciones benéficas o asociadas a su partido, que en el fondo forman parte de su trabajo como dirigentes políticos, y también la docencia, la única actividad expresamente permitida por la ley si se realiza de modo ocasional, 38 de los 185 diputados del PP ejercen actividades privadas. Hay desde médicos hasta abogados, pasando por empresarios. En el PSOE, son 12, de un total de 110, quienes tienen autorizada alguna compatibilidad de este tipo, aunque a finales del año pasado su líder, Pedro Sánchez, les exigió dedicación exclusiva y han cesado en su actividad o no cobran por ella, según explican en el partido. Dentro de CiU, Josep Antoni Duran Lleida ejerce de abogado y Josep Sánchez Llibre, de economista.

Todo esto se publica en la web del Congreso desde la pasada legislatura, cuando el PSOE impulsó dar este paso. Pero puede que existan actividades ocultas, porque no hay control. Al calor de la polémica, los socialistas proponen ahora que la comisión del estatuto de los diputados disponga de medios para comprobar la veracidad de las declaraciones e imponga sanciones si hay incumplimiento. "Si alguien falsea la declaración de la renta, se le sanciona. Aquí debería ser lo mismo", dice Francesc Vallès, expresidente de la comisión. Cuando estaba en el poder y tenía posibilidades de aprobar la iniciativa, el PSOE no propuso nada similar.