El juez del 'caso Torredembarra' imputa a trece personas más

El juzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès) ha imputado a los miembros de los tribunales designados para cubrir cuatro plazas en el Ayuntamiento de Torredembarra y a los seleccionados. En total, 13 personas y entre ellas, funcionarios habilitados, personal laboral público y abogados. Según el auto judicial que levanta el secreto de sumario de esta pieza de la instrucción, existen sospechas sobre cómo se cubrieron las plazas de técnico de administración general, de servicios económicos (una plaza fija y otra interina); la de ingeniería de obras públicas y la de jefe de la Policía Local.

El alcalde de Torredembarra, Enric Grangel (PSC), personado en el caso, señaló que "alguna sacó notas que sorprendieron por ser muy altas y luego, no se notó en la práctica".

El juez imputa a los dos interventores del Ayuntamiento de Barcelona, Antonio Muñoz y María Teresa Llor, que presidieron dos de los tribunales ahora cuestionados. Se trata de dos funcionarios de carrera habilitados por el Estado (no es un cargo de libre designación ni tiene carga política) y es una práctica habitual en la administración pública que participen en procesos de selección, según fuentes municipales.

El juez también imputa al responsable del Servicio de Carreteras de la Generalitat en Tarragona, Lluis Lacruz, y a Josep Gili, que ganó la plaza de jefe de la Policia Local de Torredembarra. Según fuentes municipales de la localidad, es familiar del senador de CiU Josep Maldonado.

El auto recoge las dudas de varios testigos acerca de la objetividad del tribunal que evaluó a Gili, formado por el inspector jefe de la Policía Local de Tortosa (Baix Ebre), Jesús Fernández y el jefe de la Polícia Local de L'Hospitalet del Llobregat (Baix Llobregat), Francisco de la Torre.

El secretario municipal de Torredembarra ya había denunciado a la Oficina Antifrau la contratación de la consultora Efial a razón de unos 18.000 euros al mes por considerar que era una administración paralela a medida de Masagué. También lo denunciaron el grupo del PSC y la concejala Montse Gassull, entonces de ERC y que ahora encabeza Compromís amb Torredembarra.

CARGO POLÉMICO

El magistrado imputa a Antonio Carné, relacionado con esta consultora, a su director, Ramon Cuadrado, y a su presidente, Antonio Martos. Este último ya fue polémico por compaginar su cargo de consultor con el de gerente de la empresa pública La Cala Gestió de L'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Efial también cobraba, presuntamente, por asesorar a esa empresa.

El juez del Vendrell también imputa al ingeniero de obras del Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar, Antonio Muñoz, y a los abogados de Tarragona Xavier Xafrà y Òscar Bru.

"Es la punta del iceberg", vaticina Gassull. Ella y un exempleado de la empresa de Masagué dieron un vuelco a las denuncias al acudir a la Guardia Civil. Esa nueva denuncia derivó en la detención de casi todo el antiguo equipo de gobierno el pasado junio y en la imputación de ocho políticos, la interventora, el ingeniero municipal y el excoordinador de Urbanismo y varios empresarios.