El exinterventor dice que la Junta «miró para otro lado» con los ERE

El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Martínez Gómez acudió ayer al Tribunal Supremo para limpiar su imagen y la de los funcionarios que trabajaron a sus órdenes en los informes que emitieron en relación al caso de los ERE. Sin embargo, su declaración, lejos de perjudicar a los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a tres exconsejeros, les benefició, al ratificar que no les remitió los documentos en los que advertía de irregularidades en el sistema de ayudas. Además, explicó que no encontró «menoscabo de fondos públicos». No obstante, a las puertas del alto tribunal acusó a los políticos de haber «mirado para otro lado».

Martínez explicó al juez que se había sentido «agredido y acusado» por los aforados que ya han declarado, porque desde que se inició este caso ha existido «una estrategia del PSOE» de endosarle «la responsabilidad». Una realidad que él negó, ya que aseguró que su función se limitaba a fiscalizar los presupuestos y en esta labor advirtió, dijo, de «deficiencias e irregularidades».

SIN CONTACTO CON CHAVES / No obstante, afirmó que sus informes no fueron remitidos a los consejeros, con los que no despachaba «cuestiones de trabajo», así como tampoco con Chaves, a quien dijo no conocer.

Sus documentos los recibían los viceconsejeros y eran autónomos, subrayó, porque no recibió «ninguna presión por parte del Gobierno de la Junta» a la hora de emitirlos. No obstante, Martínez criticó a los políticos por no aceptar las sugerencias de estos informes y por no haber actuado hasta el 2014, cuando se modificó la normativa que regulaba la concesión de las ayudas.

Por ello, aseguró que, en este caso, no han fallado «los controles», sino que «hubo desatención» por parte del Ejecutivo andaluz. Mantuvo, no obstante, que la Intervención que él dirigía comunicó a tres exconsejeros sus dudas y, aunque no mencionó los nombres, uno de ellos era Grinán, que ocupaba la cartera de Economía, y de quien criticó su falta de actuación. También cuestionó que su departamento no fuera consultado en la concesión de estas ayudas.

A las puertas del alto tribunal, el exinterventor criticó que durante 10 años la Junta «ha hecho oídos sordos» sobre el sistema de los ERE. Eso sí, no admitió ninguna pregunta.