30 mar 2020

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PETICIÓN AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

La fiscalía exige que se detalle cuánto costó la consulta del 9-N

Reclama saber qué funcionario se hace responsable si no hay un informe del proceso

CiU, ERC e Iniciativa vetaron la solicitud del PPC de que se publicara la cantidad

RAFA JULVE / J. G. ALBALAT / BARCELONA

Participantes en la consulta alternativa cantan ’Els Segadors’, el pasado 9 de noviembre.

Participantes en la consulta alternativa cantan ’Els Segadors’, el pasado 9 de noviembre. / CARLOS MONTAÑÉS

Las urnas, las papeletas, los ordenadores, las pólizas de seguro de responsabilidad civil, la habilitación del centro de prensa en el recinto ferial de Montjuïc, el desarrollo de la web www.participa2014.cat... La fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclame a la Generalitat el coste exacto de la consulta alternativa del 9-N. Así se lo ha comunicado el ministerio público mediante un escrito al magistrado que investiga por un presunto delito de desobediencia al 'president' Artur Mas y a las 'conselleres' de Governació, Joana Ortega, y Ensenyament, Irene Rigau.

Los fiscales Francisco Bañeres Emilio Sánchez-Ulled han presentado en total una quincena de diligencias. Algunas de ellas van directamente encaminadas a conocer el monto de todos los dispositivos desplegados durante el proceso participativo del 9 de noviembre, pero también se intenta aclarar quiénes fueron los encargados de la organización.

Es más, en el caso de que la Generalitat alegue que no existen expedientes administrativos en los que se indiquen las cantidades en cuestión, los representantes del ministerio público exigen que se identifique al funcionario que se hace responsable de la ausencia de tales informes. Deberá "expedirse certificación" sobre tal falta de documentos, y esta deberá ir "firmada por un funcionario debidamente identificado", avisan. Un requerimiento nada inocuo: hasta el 9-N, incluso días después, el Govern de Mas trató de dejar al margen del proceso a todos los trabajadores públicos y evitó acciones que pudieran implicarles, asumiendo el Ejecutivo toda responsabilidad. Esa petición remitida al TSJC, que acarrea consecuencias penales si se incumple, hace ahora que dicha estrategia se complique.

COMUNICACIONES ENVIADAS

La lista de solicitudes presentada por Bañeres y Sánchez-Ulled es exhaustiva. A los gastos en material o locales añaden también la petición de que se pidan a la Conselleria d'Ensenyament todas las comunicaciones enviadas tanto a las delegaciones territoriales como a los directores de los centros educativos públicos "en relación con la cesión de locales". Asimismo, se exige conocer quién se encargó de la "administración y mantenimiento" de la web participa2014.cat, la copia íntegra en soporte informático de los archivos que aloja hasta la actualidad y el expediente administrativo de contratación y pago de la creación de la página.

En su escrito, los fiscales piden también que la Generalitat informe del "importe y concepto de los gastos concretos" que se cargaron a la partida presupuestaria del 2014 recogida en el punto 'Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales'. La cantidad prevista inicialmente para el proceso participativo fue de cerca de nueve millones de euros, aunque el Govern avisó de que se ampliaría "lo que hiciera falta" para garantizar la correcta organización.

Hace semanas, el PPC Ciutadans ya reclamaron en el Parlament que el Govern informara del coste total del 9-N. Los populares llegaron incluso el mes pasado a reclamar que la 'consellera' Ortega explicara las cuentas al detalle en la comisión de Afers Institucionals. Sin embargo, CiUERC ICV-EUiA hicieron frente común para vetar esa comparecencia.