Los hilos del poder

Cuenta la periodista Eva Belmonte que al ir a escribir su libro Españopoly -donde radiografía la red de intereses políticos, empresariales e institucionales que vertebra el poder en España- ha evitado a conciencia la palabra casta por el estigma que persigue a este término, pero pocos conceptos definen mejor el retrato resultante de su estudio. En España, según la investigadora, existe un grupo de individuos -cargos públicos, directivos de postín, clanes de rancio abolengo- que acapara la cúpula política y empresarial del país aprovechándose de las instituciones públicas para obtener pingües beneficios privados, y viceversa. «Los invitados al juego del poder en España casi siempre son los mismos», denuncia Belmonte.

Todo es legal, o al menos se procuran evitar los comportamientos delictivos. Las memorias de los ministerios dictan las partidas presupuestarias y el Boletín Oficial del Estado (BOE) sanciona los nombramientos de los cargos públicos. Pero la periodista llama la atención sobre la persistencia con que se repiten ciertos apellidos y nombres de corporaciones en los papeles oficiales.

Ministros que pasan del despacho oficial a la empresa privada driblando los límites de la Ley de Incompatibilidades; políticos que privatizan entidades públicas para acabar presidiéndolas a la vuelta de unos años; directivos de grandes compañías que acuden con regularidad a reuniones secretas con la Administración y luego acaparan la obra pública que se contrata; organismos públicos que se llenan de primos, cuñados y yernos de ciertas familias en calidad de asesores... «La sensación es que la tarta se la reparten solo unos pocos», entiende la investigadora.

Una mina que explorar

El BOE es una mina de datos poco explorada. Escudriñando el boletín a diario, Belmonte ha observado que el 60% de los contratos con la Administración se dictan a dedo, sin mediar concurso público, y casi siempre acaban en las mismas manos. «Resulta cómico oír a esos empresarios quejarse del tamaño del sector público. No dicen lo mismo cuando se apropian de la mayoría de las obras oficiales», señala la periodista.

Al menos, el BOE es público. Menos sondable es la agenda de reuniones que el poder político mantiene con el empresariado español. O con cierto empresariado. Belmonte pone como ejemplos de ese compadreo en la sombra al Consejo Empresarial para la Competitividad y al Foro Puente Aéreo. «Sus directivos, que no representan a todo el empresariado, sino solo a varias corporaciones, mantienen encuentros en Moncloa cuyo contenido nunca trasciende. ¿De qué hablan? ¿Por qué siempre van los mismos?», plantea.

En su opinión, este comportamiento tiene que ver con la falta de transparencia que se respira en las instituciones españolas. «En otros países los lobis están regulados. Aquí, las grandes empresas influyen en los gobernantes de forma clandestina. En España, el lobismo se practica en las cacerías, en los patronatos de los museos y en las reuniones de la alta sociedad», advierte, y pone como ejemplo el séquito empresarial que solía acompañar al rey Juan Carlos en sus viajes oficiales. «¿Por qué en las fotos solo aparecen Alierta, Florentino Pérez, Galán, Brufau, Koplowitz y Botín?», pregunta Belmonte.

A la luz de las eléctricas

Las componendas entre el poder político y el económico se benefician a menudo de la pasarela que comunica con descaro ambos estamentos. En los últimos 40 años, la puerta giratoria ha sido cruzada por un sinfín de cargos públicos que pasan del despacho oficial a la empresa privada para asesorar a corporaciones sobre aspectos que ayer estuvieron regulando. «Aznar, Felipe González, Solbes, Elena Salgado, Acebes… Sorprende el número de políticos que acaban fichados por las eléctricas. Curiosamente, este es uno de sectores más condicionados por las decisiones políticas. Es fácil pensar mal».

En su opinión, la puerta giratoria no es necesariamente mala. «Si prohibiéramos a los políticos trabajar en el sector privado, crearíamos una élite separada de la población. Lo preocupante es que algunos aprovechen en el otro lado su agenda de contactos y que los políticos cambien de cartera sin atender a su preparación», señala. Y pone ejemplos: «¿Cómo es posible que Manuel Lamela, consejero madrileño criticado por su abuso de la puerta giratoria, haya estado en Hacienda, Economía, Agricultura, Transportes y Sanidad antes de pasarse a la empresa privada?».

Y es que la meritocracia brilla por su ausencia en estos pagos. «Aquí no tocan poder los mejores, sino los que tienen más contactos», denuncia Belmonte. El ejemplo más palmario de esta versión jet-set de la cultura del cuñadismo es Bankia, cuyo consejo de administración, previo al hundimiento de la entidad, estaba lleno de primos, yernos y cuñados de figuras como Esperanza Aguirre, Ignacio González o Juan Miguel Villar Mir.

Queda pendiente conocer los nombres y sueldos de la densa masa de asesores que se mueve por el país. La Generalitat sí publica la lista de los que trabajan para sus conselleries y el Gobierno dio a conocer en enero, por primera vez, los que están al servicio de los ministerios, pero el resto de administraciones locales, provinciales y autonómicas se resiste a identificarlos. La ley no les obliga. «Ese es el problema, que nuestras leyes no exigen que haya transparencia. Pero la única manera de que la corrupción se acabe es que todos podamos estar mirando lo que hacen», advierte Belmonte.