Los exconsejeros andaluces Viera y Ávila declaran este martes como imputados por el 'caso ERE'

Los antiguos miembros del Ejecutivo andaluz volverán a ser protagonistas estos días no por alguna iniciativa pionera sino por su declaración ante los tribunales de justicia a cuenta de su implicación en el caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. De forma inédita en la historia judicial española, dos tribunales verán una misma causa en un mismo día, en ambos casos a exconsejeros del Gobierno andaluz, y la carambola era triple hasta que la jueza instructora del caso decidió aplazar la declaración de otros dos exconsejeros que ya no están aforados. José Antonio Viera declarará en el Tribunal Supremo (TS) y Antonio Ávila, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En el punto de mira de los tres tribunales está la legalidad o no del sistema empleado por la Junta de Andalucía para pagar las ayudas sociolaborales entre el 2000 y el 2012 por valor de 855 millones de euros y, sobre todo, si hubo un tipo de confabulación en las altas esferas del Ejecutivo regional para emplear un sistema inadecuado, según la jueza, que además permitía eludir los controles de la intervención y favorecía la arbitrariedad, y que generó el fraude detectado años después. Es decir, los intrusos y la trama de mediadoras, conseguidores, bufetes de abogados y empresarios afines al PSOE que acabaron provocando un fraude cifrado por la investigación en unos 142 millones de euros. Los jueces deberán pronunciarse acerca de, en el caso de ilegalidad del sistema, hay indicios penales contra los aforados y si sobre todos o solo sobre algunos, una decisión que parece que tardará aún un tiempo.

El TS será el primero en abrir la ronda de declaraciones a los altos cargos aforados, acusados de los delitos de prevaricación y malversación pública, con la comparecencia de Viera. El que fuera consejero de Empleo entre el 2000 y el 2004 está señalado por la jueza Mercedes Alaya desde el inicio de la causa al ser el mandatario que suscribió en el 2001 el convenio marco que cambiaba las formas de pago de las ayudas sociolaborales e implantaba el uso de las transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo al ente público Instituto Andaluz de Empleo (IFA), un sistema que supuestamente agilizaba los pagos pero que la juez considera inadecuado para este tipo de gasto.

LA INVESTIDURA DE DÍAZ

Asimismo, los atestados de la Guardia Civil subrayan el papel destacado que Viera jugó en la tramitación de ayudas directas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, donde se concentraron el grueso de los fondos de forma anómala. Tras él, llegará el turno del expresidente José Antonio Griñán el jueves día 9, coincidiendo precisamente con las negociaciones que en Andalucía desarrolla el PSOE-A para asegurar la investidura de Susana Díaz, sucesora de Griñán, como presidenta de la Junta. Después, y hasta el día 21 de abril, irán compareciendo el expresidente Manuel Chaves (día 14) y los exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías (día 16), y Mar Moreno (día 21).

Al mismo tiempo que Viera, el TSJA tomará declaración en Granada a Ávila, quien fuera subordinado de Griñán en la Consejería de Hacienda cuando ocurrieron las supuestas irregularidades y que más tarde asumiría precisamente el área de Economía y Empleo. A Ávila le seguirá el miércoles la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, también subordinada de Griñán en ese departamento, y posteriormente lo hará el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo tiene cita para el día 13. Sin embargo, todos ellos dejarán de ser aforados el día 16 de abril cuando se conforme el Parlamento andaluz, dado que ninguno de ellos repite como diputado, por lo que el alto tribunal deberá pasar las actas de sus declaraciones a la jueza Alaya y esta, posiblemente los llame para ratificar su declaración.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Muchos de ellos ya han dado explicaciones sobre el supuesto fraude en la comisión de investigación parlamentaria llevada a cabo en el 2012, y que acabó sin resultados por la imposibilidad de los partidos en ponerse de acuerdo sobre dónde fijar las responsabilidades. Viera negó ser el "ideólogo" del sistema, cargando las culpas sobre su exdirector general de Empleo Javier Guerrero.

Chaves rechazó la tesis de la confabulación para implantar un sistema ilegal de pago de ayudas, aunque aseguró no tener conocimiento al detalle de los miles de procedimientos que se emplean en la administración regional. Y Griñán negó haber recibido "nunca" advertencias de la Intervención advirtiendo de irregularidades en el procedimiento, y asegurando que en ningún caso el interventor avisó de menoscabo de fondos públicos.