El Supremo archiva la querella contra Monago por sus viajes a Canarias

El alto tribunal, no obstante, insta a regular mejor los desplazamientos de los parlamentarios para evitar "toda confusión" y no minar la confianza de los ciudadanos

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en su comparecencia ante la prensa el pasado 14 de noviembre.

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, en su comparecencia ante la prensa el pasado 14 de noviembre. / periodico

MARGARITA BATALLAS / MADRID

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El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, por los viajes que realizó a Tenerife con cargo al presupuesto del Senado entre mayo del 2009 y noviembre del 2010viajes Tenerife presupuesto del Senado . Los jueces se apoyan en la decisión del grupo parlamentario popular en la Cámara alta, que rechazó la comisión de un delito de malversación de caudales públicos por estos desplazamientos.

La demanda fue interpuesta por la Asociación Pro Justicia Siglo XXI y en ella se denunciaba el uso de dinero público para pagar los desplazamientos del presidente extremeño a la isla canaria. Sin embargo, los senadores populares defendieron estos viajes en un comunicado en que afirmaron que Monago "como presidente autonómico" y como "miembro del Consejo de Dirección del grupo parlamentario en el Senado" tenía asignadas "labores de apoyo" en su comunidad, en Andalucía y en Canarias por lo que tenía que viajar a estas comunidades autónomas.

Por estos motivos, el alto tribunal cierra este caso, ya que el Senado autoriza el pago con cargo a su presupuesto "de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa establezca en cada momento".

También sostiene que no tiene suficientes datos para afirmar que la actividad del presidente de Extremadura "sea ajena a la función pública". Además, considera que en el caso de Monago "no se aprecia la concurrencia de un comportamiento que revista los caracteres de ilícito penal".

No obstante, el Supremo recomienda que se regule mejor los viajes de los parlamentarios para evitar "toda confusión" entre "desplazamientos privados y oficiales, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representación política constituye la base del Estado de derecho".